Un hombre se querella por estafa contra la abogada que tramitó su divorcio, la mujer que contrató no se presentó a las audiencias ni tramitó causa alguna en su favor, por “problemas de adicción alcohólica”, le habrían dicho desde la oficina de ésta.
El individuo acusa que debió pagar $12 millones de pesos a su cónyuge por las inasistencias de la profesional en las audiencias del juicio.
La víctima –que reside en Valdivia– pagó 550 mil pesos a una abogada para que lo representase en un juicio de divorcio en común. El trámite se haría en el Juzgado de Familia de Punta Arenas, donde su excónyuge residía.
El querellante confió que sus intereses se defendían en Magallanes, pero 10 meses consultó la Oficina Judicial Virtual y se llevó una sorpresa. El juicio de divorcio fue archivado por inasistencia de la abogada que contrató.
La llamó para pedirle explicaciones, pero recibió una desconcertante respuesta: “ella indica que lo arreglará y que la entienda, porque tiene problemas de adicción al alcohol. No le indica cuándo ni cómo lo va a solucionar, sino que solo lo realizará”, se cita en la querella.
Ambos cesaron el contacto hasta casi ocho meses después, cuando la abogada le dijo a su cliente que firmase un documento para que el divorcio se concretase. El hombre estampó su nombre en la hoja y terminó siendo citado a una audiencia para que pagase tres millones de pesos a su cónyuge como compensación económica.
La víctima ignoraba lo que había firmado. Se trataba de un mandato judicial que fue utilizado por la abogada para demandar un divorcio unilateral por cese de convivencia. La situación era distinta al objetivo inicial del afectado, que contrató sus servicios para un divorcio de común acuerdo.
El día de la audiencia, la querellada se ausentó nuevamente. Sin pruebas que ofrecer, el tribunal condenó a la víctima al pago de 12 millones de pesos a su cónyuge. Aunque se apeló a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la decisión fue confirmada y está ejecutoriada desde febrero de este año.
Los patrocinantes de la querella indican que la abogada habría incurrido en una estafa, pues recurrió al engaño para ocasionar perjuicios en su cliente.
“La querellada creó una falsa imagen de seriedad, profesionalidad y rectitud, basada en una imagen que aparentaba tales características. Mi representado le entregó como pago personal 550.000 pesos, pero nunca tuvo la intención de prestar los servicios profesionales contratados y pactados”, indican.
Solicitan al Ministerio Público que se despache una orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI) y que se cite a declarar a la querellada y la víctima.
