La ilusión de la igualdad: por qué la universidad estatal no puede sola con la justicia educativa

Durante años celebramos el aumento del acceso a la educación superior como si fuera sinónimo de justicia. Abrimos la puerta —y era necesario—, pero a veces olvidamos mirar qué pasa después: quién logra avanzar, quién se queda atrás, quién se gradúa y con qué herramientas para participar plenamente en la vida social y productiva. En esa distancia entre “entrar” y “egresar” se juega hoy una parte decisiva de la justicia educativa y social.

Las universidades públicas estatales cargan un mandato distinto. No están llamadas solo a formar profesionales: deben producir conocimiento, aportar al desarrollo regional, asesorar al Estado, sostener cultura, ciencia y artes, y actuar como motor de movilidad social. Ese “sello estatal” implica vocación de inclusión, pensamiento crítico y responsabilidad con el territorio. Y, sin embargo, se les pide cumplir esa misión en un escenario que podríamos describir —sin exagerar— como una policrisis.

La primera barrera es financiera: una brecha creciente entre lo que el país exige y lo que efectivamente financia. En Chile, el déficit asociado a la gratuidad y el alza estructural de costos (remuneraciones, mantención, energía, seguridad, TI, bienestar estudiantil) dejan a muchas instituciones operando “al límite”.

El resultado es predecible: se reduce la capacidad para invertir en transformación digital, infraestructura, investigación, innovación docente y apoyos estudiantiles. Y cuando falta inversión, la justicia se vuelve discurso: se promete inclusión, pero no se sostienen las condiciones para que esa inclusión sea éxito académico y vital.

A ese cuadro se suma el siguiente obstáculo: la rigidez administrativa. Las universidades estatales operan bajo normativas y controles que buscan probidad —y son indispensables, pero que muchas veces vuelven lenta la gestión cotidiana: comprar equipamiento, contratar personal, ejecutar proyectos, modernizar plataformas. Competir por talento académico y técnico en ese marco es difícil; sostener capacidades de investigación, aún más. La paradoja es brutal: necesitamos universidades estatales más ágiles para responder a desafíos públicos, pero las amarramos a procedimientos que no siempre distinguen entre control y asfixia.

El tercer nudo es la inclusión sin deserción. Si la educación pública es “puerta abierta”, entonces el Estado debe financiar también lo que esa puerta implica: nivelación, tutorías, acompañamiento socioemocional, salud mental, apoyos a la trayectoria y a la titulación oportuna.

Hoy, muchas universidades están funcionando de facto como centros de atención primaria en bienestar estudiantil, sin recursos equivalentes. La masificación, sin esos soportes, genera una “ilusión de inclusión”: estudiantes que ingresan, pero que no logran avanzar al ritmo que sus talentos merece.

El cuarto desafío es institucional: modernizar gobernanza con legitimidad interna. La universidad estatal necesita participación, transparencia y trazabilidad; pero también capacidad de decisión y ejecución. En un régimen de acreditación más exigente, la evidencia y el uso intensivo de datos dejaron de ser opcionales. El riesgo es que la calidad se vuelva un ejercicio documental, desconectado del rediseño real de procesos formativos. La oportunidad, en cambio, es convertir esa exigencia en ventaja: sistemas integrados de datos, tableros de indicadores mejora continua y decisiones curriculares basadas en evidencia.

Y finalmente, hay un quinto factor que ya está reordenando todo: la transformación digital y la IA. El problema no es que el estudiantado use herramientas; el problema es la brecha de capacidades para enseñar, evaluar y gestionar en este nuevo entorno. Si no existe alfabetización en IA y políticas institucionales claras, la tecnología puede amplificar desigualdades. La “soberanía tecnológica” no es un eslogan: si las universidades con más recursos acceden a mejores sistemas y las estatales quedan dependiendo de licencias externas o soluciones parciales, la justicia digital será otra promesa incumplida.

¿Qué hacer? Necesitamos un nuevo pacto entre Estado y universidades estatales, con una idea simple: a mayor mandato público, mayor financiamiento estructural y reglas adecuadas para cumplirlo. Eso significa, al menos, cuatro giros concretos que son: Financiamiento basal suficiente y menos fragmentación, éxito estudiantil como política de justicia, transformación digital y Pedagogía y evaluación para la era IA.

La discusión de fondo es política y ética: o entendemos la universidad estatal como un bien estratégico para el desarrollo y la cohesión social, o seguimos administrando su deterioro. No se construye justicia educativa con slogans ni con “mientras alcance”: se construye asegurando trayectorias que no se quiebren, aprendizajes que cambien vidas y universidades con recursos y reglas para cumplir su misión pública con calidad y futuro.