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La Corte de Apelaciones de Valdivia aumentó las penas para los involucrados en un caso de malversación de más de 150 millones de pesos en el Hospital de Los Lagos, cerrando así el caso en el que el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra dos exjefes de Contabilidad del hospital, Marcelo Esparza Esparza y Fernando Ulloa Carvallo, por malversación de caudales públicos entre los años 2015 y 2019.

La Corte de Apelaciones de Valdivia, región de Los Ríos, aumentó las penas en contra de los condenados por un caso de malversación de más de 150 millones de pesos al interior del Hospital de Los Lagos.

Cerrado y sin recursos pendientes quedó el caso por el cual el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de los imputados por la Fiscalía, correspondientes a dos exjefes de Contabilidad del Hospital de Los Lagos identificados como Marcelo Esparza Esparza y Fernando Ulloa Carvallo, como autores del delito de malversación de caudales públicos, entre los años 2015 y 2019.

También, de una particular y pareja de uno de los imputados, Evelyn Caro Salas, por el delito de estafa.

El Tribunal de alzada conoció del caso, luego que el ente que vela por los recursos estatales apelara a la sentencia del Juzgado de Garantía de Los Lagos, que había sentenciado a los primeros a la pena de cuatro años de presidio y a la mujer, a otros dos años y ocho meses.

El fallo de primera instancia otorgó tres atenuantes a los exfuncionarios, como son la irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y haber devuelto parte de lo defraudado.

Sin embargo, para el Consejo los montos restituidos fueron bastante exiguos, lo que consideró la Corte y aumentó las penas para los condenados, como lo indicó el abogado del organismo querellante, Daniel Medina.

Con ello, Esparza Esparza fue sentenciado a 5 años y un día de cárcel; Ulloa Carvallo, a 5 años de presidio, con cumplimiento fuera de presión; y a Caro Salas, a la pena de 3 años de presidio. Todos ellos, además de otras accesorias legales.

El delito se cometió, según acreditaron los persecutores, cuando los exfuncionarios estaban cargo de los caudales públicos que utilizaba el hospital para diversos pagos a los proveedores, realizando dobles ingresos en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado.

Es decir, cuando un proveedor emitía una factura por un monto determinado, ellos duplicaban esa factura, generando, por tanto, en el sistema un segundo pago mediante la emisión de un cheque, el que dejaban abierto o al portador y era cobrado por la conviviente de uno de los imputados en el BancoEstado, superando en 150 millones de pesos lo malversado.

A su vez, el total restituido por los imputados fue menos de 7 millones de pesos, según el fallo de la Corte de Apelaciones.