Particulares de la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos, están pidiendo que se deje sin efecto la ordenanza que busca proteger los humedales rurales de la ciudad.
La ordenanza para humedales rurales de Panguipulli, región de Los Ríos, fue impugnada por particulares, que piden quede sin efecto.
En ese sentido, acusan que el municipio se arrogó competencias que no tiene y que elaboró una cartografía cuya participación ciudadana ocurrió cinco meses después.
Un reclamo de ilegalidad ante el municipio, un pronunciamiento a la Contraloría y recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, han sido presentados en contra de la ordenanza municipal que busca proteger los humedales rurales de Panguipulli, la cual rige desde el 9 de febrero de 2023 tras ser aprobada de forma unánime por el Concejo Municipal el 31 de enero.
El instrumento de gestión territorial identifica 12 humedales rurales para su conservación y preservación, además de prohibir todo tipo de obras en zonas de resguardo ancestral, validadas por autoridades ancestrales mapuches que se encuentren establecidas en las cartografías que sustentan la ordenanza, según versa el documento edilicio.
Sin embargo, existirían arbitrariedades en perjuicio de propietarios que verían afectada su garantía constitucional de derecho de propiedad; y en personas pertenecientes al pueblo mapuche que esgrimen el convenio de la OIT.
Así lo indicó el abogado Marcelo Vargas, que representa a 10 propietarios, afirmando que en la zona de Coñaripe el municipio determinó un sitio de significación cultural de unos 12 mil metros cuadrados para uso ancestral de las comunidades mapuches del sector, espacio que incluye inmuebles privados al interior de ese radio, afectando a los particulares para ejecutar todo tipo de obras.
El profesional, afirmó que respetan a las comunidades y les interesa el patrimonio de la comuna y su resguardo, cuestionando eso sí la forma en que se hizo la cartografía del humedal Llankafiel, sumado a que la jurisprudencia señala que es la Conadi la que la tiene actuación en tierras indígenas y no el municipio, o que la Ley de Medio Ambiente tampoco faculta a la casa edilicia determinar prohibiciones en zonas específicas.
Mientras se espera una respuesta del municipio, que ha sido consultado en distintas ocasiones esta semana, la Contraloría ya pidió informes tanto a la casa edilicia como a la Conadi, para que así el órgano de control se pronuncie sobre la legalidad de dicha ordenanza municipal.
Además, los particulares piden dejarla sin efecto en la Corte de Apelaciones, por considerar que es arbitraria y sin las debidas argumentaciones técnicas, según se indicó.
Algo muy similar a lo que ocurrió con la ordenanza que buscaba impedir el tránsito de lanchas motorizadas en tres lagos de la comuna, que finalmente la Corte Suprema dejó sin efecto.
