Tras la confirmación que la empresa Aguas Andinas vendió el 100% de su participación en Essal a un grupo económico canadiense, desde la Asociación de consumidores de Osorno exhortaron al Gobierno a no desistir de la caducidad de las operaciones de la firma por el prolongado corte de agua que vivió la ciudad en julio del año pasado.
La venta se produce a un mes de que Essal recibiera una multa de $1.640.878.080, lo máximo permitido por ley, por el episodio de contaminación que en 2019 dejó a gran parte de Osorno sin agua potable por cerca de 10 días, producto del derrame de un producto químico.
Esta sanción fue por seis de los nueve cargos que se le acusaban a Essal, entre ellos, por haber incurrido en cortes de agua no programados; por haber puesto en peligro la salud de la población; y por haber entregado información errónea respecto de los problemas que la empresa tuvo durante todo este periodo de tiempo.
Luis Alvarez González, presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno y quien participó de los procesos que buscó resarcir los daños dejado por lo ocurrido, dijo que independiente de las acciones que asuma Aguas Andinas, hay una sanción pendiente.
Asimismo, planteó que la comunidad exige a la empresa que asuma las operaciones en materia de producción y distribución del agua potable en Osorno, además de garantizar un proceso de inversión.
A propósito de la operación comercial, Marta Colet, gerente de Aguas Andinas, la destacó enfatizando que refuerzan su “capacidad de hacer frente a las inversiones que el cambio climático nos exige, lo que además redundará en generación de empleo y actividad económica en el momento que el país más lo necesita”.
