Durante este miércoles el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, se refirió a las multas que se aplicarán en contra de la empresa Essal por el corte de suministro en Osorno durante julio de 2019.
En ese sentido, el superintendente señaló que se aplicará la multa máxima permitida por la Ley que alcanza los $1.640.878.080.
La sanción guarda relación con seis de los nueve cargos que se le acusaban a la empresa, entre ellos, por haber incurrido en cortes de agua no programados; por haber puesto en peligro la salud de la población; y por haber entregado información errónea respecto de los problemas que la empresa tuvo durante todo este periodo de tiempo.
En detalle, Rivas explicó que la sanción se genera específicamente por “haber incurrido en deficiencias en la calidad del servicio de producción y distribución de agua potable; por haber incurrido en deficiencias en la continuidad del servicio de distribución de agua potable debido a un corte no programado entre los días 11 y 17 de julio de 2019; por haber incurrido en deficiencias en la continuidad del servicio de distribución de agua potable debido a un corte no programado entre los días 17 y 21 de julio 2019; por haber afectado a la generalidad de la población con la falta de operación de la planta de agua potable Caipulli”.
“Por haber puesto en peligro la salud de la población debido a la contaminación de la distribución de agua con petróleo; por haber infringido las instrucciones contenidas en el ordinario SISS 3459 referido a procedimiento de emergencia; por haber infringido las instrucciones contenidas en el ordinario SISS 3459 referido a suministro alternativo; por haber infringido las instrucciones contenidas en el ordinario SISS 4561 referido a plazos de solución a obras comprometidas; y finalmente, por haber entregado información manifiestamente errónea a las autoridades y a la población”, sostuvo.
Tras esta sanción, la concesionaria Essal podría persistir en nuevas instancias, como la interposición de un recurso administrativo de reposición ante la misma SISS y, posteriormente, la reclamación ante los tribunales de justicia.
“Cabe señalar que en forma paralela indistinta, sigue su curso ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios la tramitación de un procedimiento especial destinado a determinar la eventual caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno, cuyo análisis sigue en desarrollo debido a la gran cantidad de información técnica, económica y jurídica entregada por la empresa, a la que se han sumado nuevos antecedentes, nuevas diligencias y otras presentaciones para la mejor resolución, entre ellos, un proceso de venta de la sanitaria que podría concluir con la llegada de un nuevo dueño para estas concesiones”, puntualizó Rivas.
