La seremi de Educación en Los Lagos, Claudia Trillo, avaló las acciones que ha tomado la dirección del Colegio San Vicente de Paul en Puerto Octay, de derivar hacia los tribunales de justicia diversos casos de estudiantes con mal comportamiento.
La autoridad sostuvo que los establecimientos educacionales tienen la responsabilidad legal de denunciar este tipo de hechos, si es que se presume que pudieran ser la consecuencia de vulneración de derechos al interior de sus familias.
Sin embargo, Trillo reconoció que se puede evitar llegar a los tribunales, recurriendo a las Oficinas de Protección de Derechos, una instancia efectiva para mediar ante casos de presunta vulneración de derechos de los menores.
Sin embargo, se mostró consciente de que Puerto Octay no cuenta con una OPD.
Puerto Octay y Río Negro no tienen OPD luego que quedara en evidencia que sus municipios acumulaban millonarias deudas, en el pago de las cuotas comprometidas para las dependencias instaladas en Purranque, denominada Cordillera.
