Penas de presidio efectivo entre 7 a 12 años recibieron cuatro carabineros en retiro por el homicidio del adolescente Marcos Quezada Yáñez, a quien aplicaron tortura al interior de la Quinta Comisaría de Carabineros en Curacautín.
Cuatro funcionarios de Carabineros, actualmente en retiro, son sentenciados a cumplir entre 7 y 12 años de cárcel efectiva, en calidad de autores y cómplices del homicidio calificado con carácter de lesa humanidad, de un adolescente de 17 años en 1989 en Curacautín, en la región de La Araucanía.
El caso fue uno de los tres que presentó el juez Baltazar Garzón, para pedir en 1999 la extradición a España del dictador Augusto Pinochet, quien estaba detenido en Londres.
La sentencia la dictó el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, quien condenó a cuatro funcionarios en retiro de Carabineros por el homicidio calificado, en carácter de lesa humanidad, de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado el 24 de junio de 1989, en Curacautín.
José Dolorindo Fernández Cofre y César Octavio Adriazola Azócar -este último oficial-, fueron condenados a 12 y 10 años de presidio, respectivamente en calidad de autores del delito de homicidio.
En tanto, Bernardo Iván Aedo Leiva y José Domingo Cádiz Parada deberán cumplir una pena de 7 años de presidio, en su calidad de cómplices.
En la causa resultaron absueltos los exuniformados, Nelson Almendras Illesca, Joel Pérez Isla y Marco Antonio Aguirre.
Víctima murió tras aplicación de energía eléctrica
En el fallo se estableció que el adolescente murió por un shock durante la aplicación de energía eléctrica al interior de la Quinta Comisaría de Carabineros, descartando la versión de los uniformados de un suicidio por ahorcamiento que en su momento informaron.
En el aspecto civil, el ministro Mesa condenó al fisco a pagar una indemnización total $450 millones, por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.
Es preciso indicar que este caso fue uno de los tres que la Cámara de los Lores, acogió en la petición del exjuez Baltazar Garzón, para pedir en 1999 la extradición a España de Augusto Pinochet, mientras estaba detenido en Londres.
