La presentación legal se basa en el informe entregado por la Contraloría Regional, el pasado 22 marzo de 2021. Dentro de las observaciones efectuadas, algunas podrían generar responsabilidades administrativas y civiles, y otras podrían ser constitutivas de delitos durante la gestión de Marcelo Pereira (2016-2021). Aún falta por determinar la millonaria cifra, lo que debiera dilucidarse durante la investigación, aunque la auditoría de Contraloría detectó un déficit de $25 mil millones de pesos.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, y por todos aquellos posibles de acreditar durante el curso de la investigación, en que se indagan graves irregularidades que afectaron a la Municipalidad de Coquimbo.
La querella del Consejo va dirigida a todos aquellos que resulten responsables de estos hechos, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito, tras el informe generado desde la Contraloría Regional el pasado 22 de marzo de 2021, en el que efectuó una serie de observaciones y dispuso, entre otras medidas, instruir sumario administrativo sobre determinados hechos.
Con posterioridad, el órgano contralor ha realizado seguimiento de las observaciones, algunas de las cuales fueron corregidas y otras que se mantienen.
Dentro de las observaciones efectuadas por la Contraloría Regional, algunas podrían generar responsabilidades administrativas y civiles, y otras podrían ser constitutivas de delitos, motivo por el cual se dedujo la querella.
Pagos por servicios en programa comunitarios
Cabe recordar que el órgano contralor efectuó la investigación luego de la denuncia de los integrantes del concejo municipal durante la administración del exalcalde Marcelo Pereira (2016-2021).
El informe indica que durante el período auditado por el organismo a la Municipalidad de Coquimbo, que abarcó desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019, se detectaron diversas irregularidades en las contrataciones para Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios.
En algunos casos, estas contrataciones se utilizaron para realizar tareas internas de la municipalidad en lugar de satisfacer las condiciones exigidas para este tipo de trabajo excepcional.
Además, se encontró que los contratos eran genéricos e imprecisos, que faltaba información detallada sobre las tareas realizadas y que no había suficiente supervisión del personal municipal encargado de verificar la conformidad del servicio prestado.
Por otra parte, Contraloría determinó que funcionarios de planta y a contrata de la Municipalidad de Coquimbo mantenían contratos a honorarios para desarrollar dichas actividades, existiendo a su respecto doble contratación para la prestación de servicios a la municipalidad; y que, incluso, en algunos de estos contratos a honorarios, no eran para desarrollar actividades de Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, sino que para gestiones internas de la municipalidad. Aún más, en otros, ejercían cargos de jefaturas, incompatibles con sus funciones dentro del municipio.
También el documento se pudo establecer que en los contratos a honorarios no se establecía que el cumplimiento de las funciones se debía realizar fuera de la jornada de trabajo y permitían efectuarlas sin cumplimiento de horario o “marcaje”.
Pago a funcionario suspendido
El Consejo de Defensa del Estado toma de igual manera las observaciones del órgano contralor sobre algunos casos como el del exadministrador de la Cruz del Tercer Milenio, Mauricio Gálvez González, quien durante los meses de junio a diciembre de 2019, se encontraba suspendido de funciones en virtud de una investigación sumaria, sin perjuicio de lo cual emitió las respectivas boletas de honorarios y se procedió a su pago, aun cuando no había llevado a cabo las labores encomendadas en su contrato.
En otros casos, en el período 2019 dos funcionarios, Rodrigo Carrasco Palta y Matías Rosello Claussen, registraron una contratación bajo la calidad jurídica de contrata por 22 horas semanales. Además, también se constató en la auditoría que cada trabajador tenía registrada una contratación a honorarios.
Ambos tenían en la obligación de efectuar “marcaje horario”, según lo dispone la cláusula quinta de los contratos a honorarios en cuestión, la que agrega que los atrasos e inasistencias injustificadas y el tiempo no trabajado serán descontados de su remuneración mensual.
Pues bien, de la revisión de los registros de control horario del sistema Tempo, la Contraloría comprobó que no tienen registro de asistencia en todo el año 2019, en circunstancias que, como se indicó, sus contratos de media jornada a honorarios obligaban a su registro. De la misma manera, consta que se les pagaron los honorarios convenidos.
Otro de los apuntados tanto por el informe de Contraloría como en el documento presentado por Consejo de Defensa del Estado es el entonces jefe de gabinete de Marcelo Pereira, Juan Carlos Rojas Pizarro, quien en diciembre de 2019 se nombró en calidad de titular del escalafón de jefatura grado 7” de la EUSM, y, paralelamente, se le contrató a honorarios en abril de 2020 para el “Programa de promoción de la confianza en la ciudadanía”, por el cual desarrolló actividades que se relacionaban con la función que desempeñaba en su cargo de planta como Jefe de Gabinete, percibiendo por dicho concepto la suma de $6.743.332.
Millonario perjuicio
La querella del CDE indica que los hechos investigados, en esta etapa, son constitutivos de fraude en perjuicio de la Municipalidad de Coquimbo, previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 1 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, considerando que todos los involucrados trabajaron para la Municipalidad de Coquimbo, en calidad de planta, contrata y/u honorarios.
“Son dichos funcionarios que, a la fecha de ocurrencia de los hechos, materia de esta querella, mediante maniobras fraudulentas y/o incumpliendo sus deberes de funcionarios, han defraudado y/o consentido que se realizaran pagos indebidos, defraudando de esta forma a la Municipalidad de Coquimbo, ocasionándole al municipio una pérdida, cuyo monto deberá ser determinado en el curso de la investigación”, manifiesta la acción legal efectuada por el Consejo de Defensa del Estado.
Sin embargo, la investigación de Contraloría, en su momento, acreditó un déficit de $25 mil millones de pesos.
Cenas y gastos polémicos
Uno de los puntos señalados en la querella y que llaman la atención es el pago de 3 cenas que no guardan relación con los fines específicos de las municipalidades.
En la primera, la Municipalidad de Coquimbo pagó un total de $396.000, por concepto de gastos de representación en un local de la Avenida del Mar, que incluyó aperitivo (pisco sour, serena sour, vino cabernet sauvignon, vino sauvignon blanc, bebidas y agua mineral), bocados de mesa, plato de fondo y postres, según consta en decreto de pago N* 3.421, de 2019, de la Municipalidad de Coquimbo.
Ahora bien, revisado el listado de asistentes a la cena en cuestión, se constató la participación de Patricio Reyes, alcalde subrogante; Juan Carlos Rojas, jefe de gabinete; Pedro Araya, encargado de comunicaciones internas; Mónica Urizar, Corporación de Turismo; un periodista, dos productores y un camarógrafo, todos de Canal 13.
En la segunda cena se verificó que la entidad edilicia efectuó un desembolso de $357.000, por concepto de cena protocolar para 30 personas, para la actividad “Reunión de Trabajo, sectores sociales extranjeros”, realizada en las dependencias de un proveedor, según consta en decreto de pago N* 5.328, de 2019, de la Municipalidad de Coquimbo.
En el tercer caso, se comprobó que la entidad edilicia porteña desembolsó la suma de $308.000, en un local de la Avenida del Mar, con cargo a la cuenta de gastos de representación, por concepto de una cena y reunión con autoridades en conjunto con Carabineros de Chile, correspondiente al Plan de Seguridad, para un total de 7 personas, en circunstancias que se sabía que solo asistirían 4, según consta en decreto de pago N* 3.333, de 2019, de la Municipalidad de Coquimbo.
Al respecto, se advirtió que, al evento en cuestión, que incluyó aperitivo (pisco sour, serena sour, vino cabernet sauvignon, vino sauvignon blanc, bebidas y agua mineral), bocados de mesa, plato de fondo y postres, concurrieron solo 4 personas, y no las 7 que se suponía que debían asistir, lo que se pudo constatar por el ente administrativo, sin que concurriera autoridad pública alguna.
En este caso, nuevamente se trata de un gasto que no se acreditó que guarde relación con las funciones del organismo respectivo, ni que hayan asistido autoridades superiores del gobierno o del ministerio correspondiente, y ni siquiera el número de personas por el que había sido contratado.
Finalmente, la querella indica que en lo concerniente al objeto material del delito, son los recursos públicos involucrados o comprometidos en los pagos realizados por la Municipalidad de Coquimbo.
Es decir, son dineros que fueron defraudados desde las arcas del municipio. En cuanto al tipo subjetivo, en el caso, y tal como se evidencia de los antecedentes expuestos en esta querella, los imputados han obrado con dolo directo, pues han ejecutado conductas enderezadas directamente a satisfacer las exigencias del tipo, que les permitió defraudar y/o consentir en que se defraudare al municipio.
