Fotografía: Archivo | Diario El Día

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  • Comidas, capacitación a profesores donde uno de ellos aparece bailando junto a una orquesta, pago a funcionarios sumariados, datos no entregados al organismo fiscalizador, entre otras irregularidades, constan en un preinforme confidencial de 193 páginas enviado al municipio. En él se detalla no solo un alto déficit, sino también dobles contrataciones millonarias, desorden en la asistencia de algunos funcionarios y horas extras “editadas” en el sistema informático, son solo algunos de los problemas que halló la entidad de control. La historia y el documento lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    La Contraloría estableció que actualmente la Municipalidad de Coquimbo presenta un déficit que asciende a $25 mil millones, uno de los más altos del país.

    La información consta en un documento de 193 páginas al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, donde además se detallan cientos de irregularidades en distintos ámbitos en torno a gastos millonarios de recursos públicos los que fueron “observados” por la entidad de control.

    Una de tantas corresponde a cuatro servicios de alimentación que suman más de $1 millón 200 mil. Estos incluían pisco sour, serena sour, vino cabernet sauvignon, vino sauvignon blanc, bebidas y agua mineral, bocados de mesa, plato de fondo y postres. Lo ocurrido en enero de 2019, por ejemplo, demostró que se pagaron más de $250 mil por siete menús. Sin embargo, solo asistieron cuatro personas

    En este preinforme confidencial, la Contraloría objetó otros 17 millones por una serie de actividades respecto de las cuales no hubo invitaciones formales ni existe claridad si se realizaron efectivamente, ni menos la investidura de las autoridades que supuestamente asistieron.

    Lea el preinforme completo

    En octubre de 2018 se realizó una jornada de capacitación docente que incluía a mil profesores de colegios desmunicipalizados que tuvo un costo superior a los $6 millones 300 mil. Se hizo por trato directo, mientras que los fiscalizadores no encontraron ni los fundamentos de las actividades, quiénes fueron los expositores, ni menos los objetivos de la misma. No hubo diplomas, ni certificados que dieran cuenta de la participación de los asistentes, ni tampoco un cronograma.

    Lo particular de la supuesta capacitación es que al revisar las fotos del evento, la Contraloría descubrió que fue realizada al aire libre, “con varias personas de pie y otras sentadas, como asimismo bailando y además se aprecia una tarima con una orquesta”.

    No es el primer informe que cuestiona el mal uso de recursos públicos en la Región de Coquimbo. En septiembre de 2020 el organismo revisor presentó una denuncia en el Ministerio Público debido a que la entonces intendenta Lucía Pinto (UDI) gastó $9.800 millones en la compra de terrenos, resolución que no pasó por el trámite de toma de razón, tal como lo informó este medio en la fecha señalada.

    Actualmente la Fiscalía de Valparaíso mantiene abierta una investigación por delitos de corrupción, dirigida en contra de Pinto, quien debió renunciar a su cargo a raíz de las irregularidades detectadas.

    Millones demás

    En 2011 se licitó la construcción del edificio consistorial de Coquimbo. Luego que dicho concurso fuera declarado desierto la empresa ganadora fue Sacyr con una oferta superior a los $17 mil millones. Aún cuando el presupuesto municipal no alcanzaba, el municipio consiguió cerca de $5.000 millones para llevar adelante la obra.

    A poco andar la firma estimó que las obras tendrían un costo más elevado e hizo ver sus argumentos a la sede edilicia. Para evitar acciones judiciales y demoras, el concejo municipal le entregó a la firma casi $3 mil millones extras.

    A lo anterior se suma la contratación de siete personas, según la documentación que revisó la Contraloría para los programas sociales y comunitarios.

    Sin embargo, en los hechos, fungen como asesores de la misma cantidad de concejales. De acuerdo al informe, la situación supone una violación a las normas administrativas.

    En 2019, la municipalidad contrató al doctor Alberto Casanova por casi $30 millones para que revisara médicamente a la comunidad a través de visitas domiciliarias. No obstante solo atendió a funcionarios municipales.

    “(…) el convenio y los informes de actividades no se refieren a tareas en beneficio de la comunidad, por lo que es posible advertir que aquel no cumple en este sentido con las exigencias (…) para ser considerado como programa comunitario”, se lee en el documento.

    Pagos sin trabajo

    Mauricio Gálvez fue contratado en 2019 para desarrollar actividades en un programa comunitario para fomento productivo.

    “(…) se detectó que entre el mes de junio y diciembre de 2019, el prestador si bien presentó las boletas de honorarios y se procedió a su pago mes a mes, no prestó los servicios por el cual fue contratado, estipulando en sus informes de actividades que se encontraba con “suspensión por investigación sumaria”, detalla la auditoría.

    Por el trabajo no ejecutado entre junio y diciembre de 2019, Gálvez recibió más de $12 millones.

    Suma y sigue la entidad revisora hizo una “observación” al monto de más de $20 millones a funcionarios que fueron contratados para una labor, pero ejecutaban otra. También se estableció que varias personas mantenían doble contrato con el municipio. La media jornada que cumplían en la casa edilicia en la modalidad “contrata” por media jornada recibían poco más de $300 mil. Bajo la fórmula de honorarios, sin embargo, captaron $1 millón 800 mil. Rodrigo Carrasco, Matías Claussen y Claudio Tonaca no presentan registro de asistencia.

    Juan Carlos Rojas, se desempeña actualmente como el jefe de gabinete del alcalde Marcelo Pereira (DC). Al mismo tiempo gana $1 millón 800 mil como parte de un programa comunitario. Entre enero y junio de 2020, Rojas entregó un copy paste del mismo informe para justificar las presuntas actividades que habría desarrollado. Los poco más de $6 millones 700 mil fueron “observados” por la Contraloría.

    La Municipalidad de Coquimbo, junto a las anomalías detalladas, también ha sido desobediente, ya que no entregó once decretos de pago por contrataciones a honorarios. En esa misma línea el 4 de marzo de 2020 la Contraloría solicitó al jefe jurídico del municipio, Claudio García Huerta, el detalle de los sumarios en curso de los años 2018 y 2019.

    Al no recibir respuesta a la solicitud de información, el órgano de control envió sendos correos electrónicos el 8 y 27, respectivamente. Se insistió en noviembre de 2020, pero García Huerta, de acuerdo al informe, no cumplió con su obligación legal.

    La entidad revisora halló también irregularidades en el pago de horas extras y registros editados de entradas y salidas. Existen al menos cinco funcionarios que cuentan con clave para ingresar al sistema y modificar esos datos que permiten pagos provenientes del erario fiscal.

    El documento enviado por la Contraloría deberá ser respondido punto a punto. Sin embargo, dijeron fuentes allegadas al organismo de esa región, que resulta difícil que se modifiquen las irregularidades detectadas.

    Al mismo tiempo, se indicó que es altamente probable que los hechos sean derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, ante posibles delitos.

    Este medio contactó al municipio, pero se indicó que no habría comentarios atendida la confidencialidad del documento.

    Se indicó al mismo tiempo que el preinforme ya fue respondido al organismo fiscalizador regional.

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