El Poder Judicial se pronunció respecto a la fuga de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien huyó a Países Bajo para evitar la cárcel efectiva por fraude el Fisco. La exautoridad comunal abordó un avión el miércoles pasado, minutos después de que los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país firmaran su decisión de rechazar el recurso de nulidad. Según precisó el vocero de la Corte de Apelaciones de Antofagasta: "los jueces no pueden de oficio decretar medidas cautelares".
Desde el Poder Judicial se pronunciaron sobre la fuga de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien huyó del país para evitar al cárcel efectiva por delitos de fraude al Fisco.
Frente a esto, el vocero de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Óscar Clavería, afirmó que post formalización de Rojo no hubo solicitudes de las partes para decretar una medida cautelar.
Recordemos que Rojo fue formalizada en 2018, aquí se le decretó el arraigo nacional, pero posteriormente la Corte de Apelaciones de Antofagasta la revocó.
“Efectivamente la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto un arraigo nacional dispuesto en contra de la exalcaldesa Karen Rojo”, dijo el vocero Clavería.
A esto agregó que “ello ocurrió el 2018, cuando comenzaba el proceso y de acuerdo a las situaciones materiales que en ese momento se daban, al punto que el proceso tuvo su desarrollo normal hasta al etapa intermedia donde vino la acusación, y luego la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Penal del Antofagasta”.
“Durante ese desarrollo no hubo revisión de cautelares, como tampoco existieron solicitudes de las partes intervinientes. Los jueces no pueden de oficio decretar medidas cautelares“, precisó el vocero.
Cabe recordar que ya se despachó su orden de detención e incluso está Interpol en la búsqueda de manera internacional.
Ley Karen Rojo
En el caso de Karen Rojo, la Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad que interpuso su defensa y condenó a la exjefa comunal a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio.
Lo anterior, por el delito consumado de fraude al Fisco, ilícito cometido entre octubre de 2015 y agosto de 2016, tras haber contratado una asesoría política comunicacional, pagados con fondos proporcionados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social.
En términos simples, ocupó casi $23 millones en un asesor personal con fondos públicos.
Tras esto, el diputado independiente de la región de Antofagasta, Jaime Araya, presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para el Ministerio Publico, de solicitar arraigo al momento de pedir la formalización de imputados que detenten cargos de elección popular.
