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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile en los años 2000 buscaba modernizar el sistema judicial mediante la creación de nuevas instituciones y auxiliares de la justicia, con el objetivo de mejorar la calidad de los procedimientos para lograr una justicia oportuna y ejecutiva. Sin embargo, a más de 20 años de su aplicación, se han evidenciado carencias como las lentas investigaciones del Ministerio Público y los juicios prolongados, generando preocupación en el mundo penal y académico por los riesgos que esto implica para los derechos y garantías de las partes involucradas. Expertos como el exfiscal Ricardo Freire y el exabogado litigante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, han señalado la necesidad de reformar y agilizar la inclusión de pruebas documentales en los juicios, dado que actualmente este proceso se torna largo y obstaculiza el avance de los casos. El recorte presupuestario de más de 17 mil millones de pesos al Poder Judicial ha sido fuertemente rechazado por los gremios vinculados al sistema judicial, quienes solicitan a las autoridades revertir esta medida ante las graves consecuencias que podría acarrear en un sistema ya en crisis.

Ante las demoras registradas en el sistema penal con tribunales colapsados por sobrecarga laboral, expertos coincidieron en la necesidad de reformar, entre otras cosas, el modo de incorporación de pruebas en el marco de casos judiciales complejos. En un intento de resguardar el derecho al debido proceso, abogados y académicos alertan de los peligros que hoy corre el sistema judicial con los extensos juicios, siendo a veces una justicia tardía.

Corrían los años 2000 y llegaba la implementación paulatina de la Reforma Procesal Penal, que buscaba modernizar el sistema judicial chileno. Esto, a través de la creación de nuevas instituciones y auxiliares de la justicia.

Lo anterior tenía por finalidad mejorar la calidad de los procedimientos, siendo uno de los principales desafíos, y metas, tener una justicia oportuna y ejecutiva.

Sin embargo -a más de 20 años de su aplicación y desarrollo- si bien se ha tenido resultado en algunos aspectos, también existen carencias que se han hecho ver sobre todo en los últimos años.

Por ejemplo, las lentas investigaciones a cargo del Ministerio Público, como también los largos juicios que en ocasiones incluso toman años en dar resultados.

Dicha problemática ha preocupado al mundo penal y académico, debido a los riesgos que podrían significar para los derechos y garantías tanto de las víctimas como también de los imputados.

El exfiscal Ricardo Freire explicó los riesgos de un sistema penal que no llega a tiempo a impartir justicia, y cómo esto afecta también a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Por su parte, el exabogado litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, explicó que uno de los puntos importantes sería reformar y actualizar la forma en la que se incluye las pruebas del tipo documentales en los juicios, ya que hoy eso demora y toma gran parte del proceso.

Cabe señalar que el Poder Judicial tuvo un recorte presupuestario de más de 17 mil millones de pesos, lo que ha sido rechazado transversalmente por los gremios relacionados con el sistema judicial.

De esta manera, solicitaron a las autoridades que lo reviertan, por las graves consecuencias que esto puede generar en un sistema ya en crisis.