El ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró la creación de la Fiscalía Supraterritorial y dijo que es "la transformación más relevante" para el Ministerio Público. La nueva entidad es parte de la “Política Nacional contra el Crimen Organizado”.
Esta mañana de jueves, en La Moneda, se realizó la promulgación de la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva entidad especializada del Ministerio Público.
En la instancia participó el ministro de Justicia, Luis Cordero, y su par de Interior, Carolina Tohá. A ellos se suma el fiscal nacional Ángel Valencia.
La creación de la Fiscalía Supraterritorial busca dotar de más y mejores herramientas para la persecución penal de los ilícitos vinculados a asociaciones delictivas o criminales.
Esta reforma constitucional que crea la nueva Fiscalía Supraterritorial está relacionada con la denominada “Política Nacional contra el Crimen Organizado”.
De esta manera, existirá un fiscal jefe que será de exclusiva confianza del fiscal nacional, Ángel Valencia, sin perjuicio de serle aplicable el límite de edad de 75 años.
Gobierno y creación de la Fiscalía Supraterritorial: “Es la transformación más relevante”
Desde La Moneda, el ministro Luis Cordero valoró la promulgación de la reforma constitucional que permite la creación de la nueva entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad.
“Es la transformación más relevante, no sólo porque pasa a tener una unidad específica para la persecución de organizaciones y bandas criminales, sino que, además de eso, dota al fiscal nacional de la capacidad para nombrar un fiscal supraterritorial que será de su exclusiva confianza”, dijo Cordero.
Además, permite “disponer de la posibilidad de dictar instrucciones particulares en la investigación de estos delitos, facultad que hoy día no tiene”, dijo el secretario de Estado.
Igualmente, la autoridad destacó que -en opinión del Ejecutivo- “es muy relevante” porque “el incumplimiento reiterado y grave de las instrucciones generales del fiscal nacional, que fija en la política de persecución criminal, sea una causal de remoción de fiscales regionales”.
“En opinión del Gobierno, dota de una estructura que permitirá mayor eficacia al funcionamiento del Ministerio Público”, cerró la autoridad.
