El abogado del senador Fidel Espinoza (PS) solicitó la ampliación de la querella criminal contra Pérez por presuntos delitos de negociación incompatible, omisión de denuncia, fraude al fisco y cohecho.

En el frente legal del caso Convenios, la diputada Catalina Pérez, quien se encuentra suspendida de Revolución Democrática, continúa enfrentando cuestionamientos políticos que, en esta ocasión, amenazan la continuidad de su ejercicio parlamentario.

El abogado del senador Fidel Espinoza (PS) solicitó la ampliación de la querella criminal contra Pérez por presuntos delitos de negociación incompatible, omisión de denuncia, fraude al fisco y cohecho.

El escrito acompaña una petición de levantamiento de su informe patrimonial y la incautación de todo tipo de dispositivos a la parlamentaria.

Espinoza confirmó además que solicitan oficialmente el desafuero de la parlamentaria de Antofagasta.

“Hemos tomado la decisión, como querellantes, de solicitar dentro de otras diligencias el desafuero de la parlamentaria Catalina Pérez. Hemos sido testigos, como país, de una serie de elementos que permiten inducir que ella tenía conocimiento de los hechos que hoy día están siendo investigados”, manifestó el parlamentario.

Recalcando que “hay que ver cuál era su eventual participación… hay depósitos de dinero y una serie de otros hechos que tienen que ser investigados a fondo, y para ello el desafuero es fundamental”.

Según señaló al medio regional Timeline, Gonzalo Medina, abogado de Catalina Pérez, “la única institución que puede solicitar el desafuero en Chile es el Ministerio Público”.

Medina dice que el escrito del senador Espinoza “es una mera petición comunicacional al Ministerio Público para que evalúe la posibilidad de solicitar el desafuero”.

Comisión revisora caso Convenios

Ayer se desarrolló una nueva jornada de trabajo de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, recibiendo abogados constitucionalistas.

Francesca Muñoz, diputada del Partido Social Cristiano y firmante del libelo acusatorio, cuestionó la defensa del ministro Montes, que se presentará ante la instancia el próximo martes en la primera sesión del año.

Muñoz dijo no estar sorprendida de que el exsenador socialista pretenda eludir la responsabilidad política que le cabe en el llamado caso Convenios.

Uno de los hechos llamativos de la jornada, corrió por parte del abogado Jorge Baraona, invitado por parlamentarios de oposición, que señaló que el libelo solo se fundaba en argumentos políticos sin mayor base jurídica.

Tomás Hirsch, diputado oficialista de la comisión, dijo que el juicio político se está “desmoronando” sin que hagan mucho esfuerzo como sector.

Hirsch dice que todas las acusaciones son políticas, pero tienen que incluir alguna base jurídica.