Las armas químicas como un argumento prohibido que usa Moscú en su guerra de agresión contra Ucrania

Esta semana, la guerra rusa contra Ucrania superó en duración a la invasión nazi a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, consolidándose como el conflicto más grande de Europa y del mundo de la posguerra.

Como resultado de esta agresión, miles de ucranianos han fallecido o resultaron heridos y numerosas ciudades y aldeas han quedado destruidas. Al mismo tiempo, más de 3,8 millones de ucranianos han tenido que volverse desplazados internos, mientras que 6,8 millones han buscado refugio en otros países.

Lejos de disminuir, la brutalidad rusa se ha intensificado: solo en 2025, Rusia lanzó más de 1.950 misiles y 54.600 drones de diferentes tipos contra Ucrania, dirigidos deliberadamente contra la infraestructura civil y energética, con el fin de sembrar miedo, pánico y muerte. Estos ataques no responden a objetivos militares, sino a una estrategia calculada para quebrar la resistencia de la sociedad ucraniana.

La agresión rusa también se extiende a áreas menos visibles, pero igual de graves, como el uso de la desinformación para ocultar violaciones de la Convención sobre Armas Químicas por parte del ejército ruso.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, Ucrania ha cumplido estrictamente con sus obligaciones legales, ejerciendo su derecho a la legítima defensa según el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, sin poseer ni almacenar armas químicas.

En contraste, Rusia ha empleado repetidamente agentes químicos prohibidos, incluidos los agentes CS y CN, para obligar a soldados ucranianos a abandonar posiciones fortificadas, exponiéndolos al fuego directo.

Estas tácticas, descritas en manuales militares rusos como métodos eficaces para “desgastar al enemigo sin combate directo”, reflejan una normalización explícita de crímenes de guerra. Los incidentes documentados de uso de esas armas superan los 12.000 episodios.

Estas prácticas no son resultado de decisiones individuales, sino de una infraestructura estatal claramente identificable: unidades militares específicas, centros de producción de agentes químicos, proveedores de componentes y cadenas logísticas, lo cual en su conjunto evidencia una política organizada.

Esta realidad ha sido confirmada por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), cuyos informes independientes y declaraciones conjuntas de decenas de Estados Parte corroboran las violaciones cometidas por Rusia.

Frente a esta realidad verificable, las acusaciones de Rusia sobre un supuesto uso de sustancias químicas por parte de Ucrania carecen por completo de sustento fáctico. No presentan pruebas creíbles, se apoyan en materiales audiovisuales de origen dudoso y reproducen narrativas propagandísticas que buscan confundir y debilitar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

A pesar de ello, Moscú continúa con sus intentos de instrumentalizar foros internacionales, incluida la propia OPAQ, para difundir acusaciones infundadas y bloquear debates sobre responsabilidad y sanciones.

Sin embargo, la respuesta internacional ha sido clara: por tercer año consecutivo, la Federación de Rusia no fue elegida para el Consejo Ejecutivo de la OPAQ, reflejo de la profunda desconfianza hacia un estado-terrorista que viola sistemáticamente la Convención. La desinformación no puede borrar los hechos. Los informes verificados, las investigaciones independientes y el consenso creciente entre los Estados Parte desmontan y desmienten la narrativa rusa.

Estamos convencidos de que el bien siempre vencerá al mal. Con la ayuda de nuestros socios europeos y norteamericanos, y con un socio confiable en el Cono Sur como Chile, Ucrania continuará defendiendo su soberanía e independencia, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el derecho internacional y con la búsqueda de mecanismos político-diplomáticos para poner fin al conflicto y lograr una paz justa, duradera y sustentable en nuestro país.