El reajuste del sector público logró un nuevo avance en el Congreso: la Comisión de Hacienda de la Cámara lo despachó y mañana se votará en la Sala.
La iniciativa logró sortear distintos cuestionamientos tanto al financiamiento -existe una brecha de más de US$800 millones en financiamiento según el Consejo Fiscal Autónomo (CFA)- como a proyectos misceláneos, especialmente la norma que propone que los funcionarios públicos a contrata puedan recurrir a Contraloría en caso de un despido injustificado.
Aquello ha sido duramente cuestionado por la oposición como una medida de “amarre”.
Y aunque el Gobierno intentó destrabar su discusión estableciendo que solo aquellos funcionarios a contrata con cinco años o más pudieran acudir al ente liderado por Dorothy Pérez, la medida se rechazó en la Comisión y se volvió a la idea inicial del proyecto, de dos años en adelante.
Reajuste al sector público avanza en el Congreso
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la aprobación de “prácticamente todos los artículos” y que el avance en el Parlamento fue “fruto de la conversación, del diálogo entre los distintos sectores políticos”.
Sobre las advertencias del CFA, Grau reconoció que “sigue siendo cierto que Chile está en una situación fiscal desafiante y ese recordatorio que nos hace cotidianamente el Consejo Fiscal Autónomo creo que es un aporte muy relevante al debate”.
Y en cuanto a la norma de “amarre”, la autoridad reiteró que “lo único que hace es evitar arbitrariedades y construir un procedimiento que justamente favorezca el que las no renovaciones de contrata ocurran de manera justificada”.
“Lo que hicimos como Ejecutivo (…) lo hicimos con el ánimo de generar acuerdos más amplios, porque normativas de ese tipo han sido incluso votadas por parlamentarios de oposición en años anteriores. Entonces pensamos que si ya habían votado eso, si hacíamos un cambio en esa dirección, se podían crear acuerdos más amplios” dijo el jefe de Teatinos 120.
Y a pesar del rechazo de la medida propuesta, Grau dijo que, respecto a las norma con exigencias para la desvinculación de funcionarios, siguen “con la mayor de las disposiciones para lograr un acuerdo amplio en torno a esto” y que a pesar de todo, “tenemos una mirada, yo diría bastante parecida -con la oposición- respecto a este punto y creemos que las propuestas que hemos hecho como ejecutivo pueden generar consenso”.
Durante el lunes, la presidenta del CFA, Paula Benavides, expuso -a la par de la contralora Dorothy Pérez- sobre el análisis del organismo sobre el proyecto del reajuste al sector público.
En esta línea, advirtió que la iniciativa requerirá de US$822 millones extra para su financiamiento, los que deberán proveerse mediante reasignaciones y/o un mayor uso de provisiones.
Benavides recordó que en octubre ya hizo notar al Congreso que el entonces proyecto de Presupuestos del sector público no tenía un ajuste por inflación en el gasto en personal.
Por ello, cualquier medida extra debía adoptarse en el marco de los límites del Presupuesto aprobado para así resguardar la meta de Balance Estructural de 2026 y que de lo contrario, “se generaría presión sobre el resto del presupuesto”, afirmóm ante los parlamentarios.
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