La crisis administrativa en la Embajada de Chile en Buenos Aires cerró un capítulo clave y abrió paso a una reforma estructural en el servicio exterior. Tras meses de tensión por irregularidades financieras detectadas en la sede de calle Tagle, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio por finalizado el sumario administrativo en octubre de 2025.
La investigación, que convivió con denuncias cruzadas de acoso y un complejo clima laboral, sirvió de base para un drástico cambio de timón: la implementación de un plan de trabajo nacional orientado a blindar la rendición de cuentas en todas las misiones diplomáticas de Chile.
Desde que se detectaron las primeras falencias en abril de 2024, la misión liderada por José Antonio Viera-Gallo adoptó medidas correctivas inmediatas para erradicar prácticas presupuestarias deficientes. Sin embargo, el cierre de la indagatoria en octubre escaló estas soluciones a nivel global.
El nuevo instructivo de la Cancillería busca fortalecer la revisión de gastos mediante la modificación de manuales y procedimientos que ahora serán de aplicación general en embajadas y consulados. Así, lo que comenzó como un conflicto local por facturas y disputas internas terminó forzando una modernización de la gestión financiera exterior, diseñada para evitar que las irregularidades detectadas en la capital argentina se repitan en el futuro. Radio Bío Bío accedió a detalles del sumario.
Irregularidades contables
Fue el 11 de agosto de 2023 cuando Bárbara Figueroa instruyó una investigación sumaria con el objeto de determinar las causas, circunstancias y eventuales responsabilidades de funcionarios de la embajada en la difusión de un video en homenaje a Gonzalo Rojas. A partir de ello, el 7 de noviembre, la misma Figueroa ordenó una segunda investigación por eventuales irregularidades en materia financiero-contable.
Lo que comenzó como una auditoría interna por el uso de facturas sin respaldo legal ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y desprolijidades financieras derivó en un proceso extenso. Fue necesario designar a cuatro fiscales distintos para que finalmente el último, en junio de 2025, formulara cargos contra tres funcionarios de la embajada.
Las imputaciones apuntaron a no ejercer en plenitud las funciones inherentes al cargo de asesor de gestión administrativa; no aplicar medidas de control jerárquico permanentes sobre los procedimientos administrativos y financiero-contables; y no cumplir cabalmente las funciones propias del cargo de jefe administrativo.
A cada una de las personas involucradas se les aplicaron distintas medidas disciplinarias, que fueron desde una multa equivalente al 10% de su remuneración mensual hasta la censura.
Crisis en Argentina
En el propio sumario, al cual La Radio tuvo acceso, se detalla que lo ocurrido en la embajada chilena en Argentina se contextualiza dentro de un país sumido en una severa crisis económica, con inflación desbordada, informalidad cambiaria y escasez de medios de pago. En ese escenario, se sostiene que varias de las prácticas adoptadas como el pago en efectivo o el uso de ciertos proveedores habituales respondieron a necesidades operativas y no implicaron irregularidades deliberadas.
Uno de los puntos que motivó el inicio del sumario fue el pago en dólares para su posterior cambio al denominado “dólar blue”. Si bien el fiscal a cargo no se refiere explícitamente a esa práctica, sí realiza una “especial mención al pago de proveedores en dólares y el consecuente cambio que éstos realizaban a pesos argentinos en el mercado informal”.
Según el informe, esta conducta “es merecedora de un mayor reproche, por tratarse de una acción que abre espacio a discrecionalidad en la forma de fijar el monto, sin contar con cotizaciones alternativas, así como por el remanente de pesos que generó el cambio en el mercado informal, sin posibilidad de pesquisar el destino del mismo”.
Conclusiones
El fiscal a cargo de la investigación arribó a cinco conclusiones principales. La primera es que la embajada cuenta con un amplio personal, con un grado de especialización único por lo que no es “posible justificar sus inacciones en su desempeño”.
La segunda es que el contexto socioeconómico en que se encontraba la embajada en Buenos Aires, “la expuso a una situación de alta informalidad, que no contó con una debida fiscalización en terreno ni en capital”. Pero aclara que no es posible “establecer una intencionalidad o un ánimo de defraudación”. Son prácticas arraigadas con bastante anterioridad al período indagado en el sumario. Y que la multiplicidad de actividades que se desarrollan en la embajada y un alto presupuesto “fueron factores determinantes para una práctica irregular, de alta informalidad, aumentando con ello el riesgo y la exposición de los funcionarios y de la propia embajada”.
Finalmente, lo anterior tuvo como consecuencia que se fueron normalizando y naturalizando estas prácticas. Como el “pago contra facturas sin las formalidades exigidas por el organismo argentino encargado de la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de las seguridad social (AFIP hoy ARCA); pago en dólares por servicios que debían ser cobrados en pesos argentinos”.
Barceló
Catalina Barceló (45) es una diplomática de carrera que se desempeña como primera secretaria en la Embajada de Chile en Buenos Aires. Su rol ha sido central y polarizante en la crisis institucional de la sede: por un lado, fue quien alertó inicialmente sobre irregularidades financieras y el uso de facturas sin respaldo legal.
A raíz de ello, en abril de 2025 presentó una denuncia por acoso laboral contra el actual embajador, José Antonio Viera-Gallo, y el consejero Juan Pedro Sepúlveda. Sin embargo, su figura también ha sido cuestionada internamente, luego de que una veintena de funcionarios la denunciara ante la Cancillería por presunto hostigamiento sistemático y por generar un clima laboral hostil.
Respuesta de Cancillería
Radio Bío Bío se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la Cancillería indicaron que:
“En agosto de 2023 se inició una investigación sumaria para esclarecer los hechos referidos a la difusión de un video en homenaje al escritor nacional Gonzalo Rojas. En noviembre de 2023, a requerimiento de la embajadora Bárbara Figueroa, se amplió el sumario para indagar la existencia de irregularidades en materia financiero-contable. El sumario derivó en la aplicación de medidas disciplinarias mediante resolución exenta de julio de 2025, cuya aplicación fue confirmada a través de una resolución afecta en octubre de 2025, sometida a control de legalidad de la Contraloría General de la República a contar del 10 de octubre de 2025”.
En relación a los sancionados explicaron que “se aplicaron sanciones de multa y censura. Esos funcionarios no se desempeñan en la Embajada de Chile en Argentina desde distintas fechas de 2024, producto de movimientos ordinarios de personal, al llegar a su fin las respectivas destinaciones. Las sanciones aplicadas se determinaron en base a los hechos que se acreditaron y en concordancia con lo que señala el estatuto administrativo”.
Al preguntar qué se está haciendo en la embajada para que no existan desprolijidades, indicaron que “desde abril de 2024, luego del inicio de la investigación y de manera paralela al sumario, se adoptaron medidas administrativas para mejorar la gestión financiera en la embajada en Argentina a fin de evitar la recurrencia de ciertas prácticas”.
Y que “luego de terminado el sumario, en octubre de 2025, con el fin de implementar mejoras al sistema de rendición de cuentas, se elaboró un plan de trabajo orientado a fortalecer el proceso de rendición y revisión de cuentas de las misiones de Chile en el exterior, que implica, entre otras medidas, implementar modificaciones a manuales y procedimientos que tendrán aplicación general en embajadas y consulados en el exterior”.
En cuanto a la demora del sumario, señalaron que “no es inusual que los sumarios complejos, en particular de carácter financiero-contable, requieran más de un año de tramitación, en este caso de noviembre de 2023 a julio 2025. Luego, adicionalmente, los inculpados cuentan con el derecho a interponer recursos ante la autoridad, quien debe formarse una convicción. Por otro lado, en general los sumarios tramitados por Cancillería en el exterior requieren actuaciones fuera de la sede, lo que también tiene impacto en los tiempos. Sin embargo, como ya se señaló, la tramitación del sumario en cuestión no fue obstáculo para adoptar medidas de gestión oportunas desde abril 2024”.
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