"Estas imputaciones son infundadas y revelan una incomprensión tanto del rol del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, como las necesidades de una investigación criminal eficaz", respondieron al informe de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios.
Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se refirieron al informe de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Lo anterior, ya que en dicho documento se le imputó a CDE un acciones “cuestionable” y “reactivo” en el caso Democracia Viva, y en otros vinculados a la transferencia de recursos a fundaciones.
El informe indica que “no resulta comprensible” la lentitud de la institución en el ejercicio de acciones judiciales de carácter penal.
La respuesta del CDE a la Comisión Investigadora por el Caso Convenios
Según dijeron desde el Consejo de Defensa del Estado “las imputaciones son infundadas y revelan una incomprensión” en el rol del CDE en material penal y “en las necesidades de una investigación criminal eficaz”.
“El Consejo de Defensa del Estado interpone querellas criminales contra personas determinadas cuando las diligencias desarrolladas en los respectivos procesos judiciales dan cuenta de hechos constitutivos de delitos, o bien en casos excepcionales, en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables”, agregaron.
Argumentando que tan pronto tuvieron conocimiento de los casos se destinó “un grupo especial de abogados del Consejo para que se abocasen al análisis de esos hechos a lo largo de todo Chile”.
“Cada semana, nuestro Comité Penal evalúa el avance de las referidas investigaciones y los antecedentes nuevos que se van aportando en aquellos asuntos a los cuales tenemos acceso, concluyendo en aquellos casos en que las investigaciones alcanzan un grado razonable de fundamento deducir las respectivas querellas”, sostuvieron.
A continuación indicaron que “debe comprenderse que el Ministerio Público puede adoptar diligencias de investigación en un ámbito de reserva y secreto. Es razonable que en investigaciones en las que, además de otros delitos, se investigan conductas de lavado de activos, se ordene su reserva”.
“Nuestra institución debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con la seriedad que nos caracteriza, las sanciones penales procedentes”, aseguraron.
Concluyendo que “en consecuencia, que en el marco de una evaluación política se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso (…) es un hecho preocupante del que damos cuenta mediante esta declaración”.
