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Los países que comprendan esto a tiempo serán los que lideren la economía digital; los que no, enfrentarán altos costos en productividad, competitividad y confianza.
Cuando hablamos de crecimiento económico, productividad o modernización del Estado, rara vez ponemos sobre la mesa un factor que hoy es decisivo: la ciberseguridad. Sin embargo, en una economía crecientemente digital, no hay desarrollo posible sin sistemas confiables, resilientes y seguros.
Chile ha avanzado de manera acelerada en la digitalización de servicios públicos, minería, energía, banca, comercio y educación. Esta transformación ha generado eficiencia y nuevas oportunidades, pero también ha ampliado de forma significativa la superficie de riesgo.
Los recientes ataques a sistemas públicos —como el que afectó a Sernageomin— no son episodios aislados; son señales claras de un escenario global en el que los ciberincidentes pueden paralizar servicios críticos, interrumpir cadenas productivas y erosionar aún más la ya deteriorada confianza ciudadana en las instituciones.
En este contexto, la ciberseguridad deja de ser un asunto meramente técnico y se convierte en una política económica estratégica. Es la base sobre la cual deben sostenerse los proyectos de desarrollo y crecimiento de un país que aspira a mantener liderazgo regional.
Proteger las infraestructuras digitales es proteger empleos, inversión, continuidad operacional y la credibilidad de Chile como socio confiable en un mundo profundamente interconectado.
Desde esta perspectiva, resulta relevante destacar que Chile se ha consolidado como el país con mayor nivel de madurez en ciberseguridad de América Latina, según la tercera edición del estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración con el Global Cyber Security Capacity Centre de la Universidad de Oxford.
El informe evaluó a 30 países de América Latina y el Caribe en cinco dimensiones de capacidad en ciberseguridad: políticas y estrategias; cultura y sociedad; educación, formación y habilidades; marcos legales y regulatorios; y tecnologías y estándares.
La posición destacada de Chile se explica principalmente por su desempeño en dos de estas dimensiones: marcos legales y regulatorios, por un lado; y las políticas y estrategia, por el otro.
Estas dimensiones fueron impulsadas sobre todo por la Ley Marco de Ciberseguridad y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, donde el país ha avanzado en definir una visión, una gobernanza y una institucionalidad clara para la gestión del riesgo digital. Estos pasos son necesarios y valorables, y representan un cambio estructural relevante en la forma en que Chile aborda la ciberseguridad.
Si bien Chile destaca en madurez general, particularmente en marcos legales, regulatorios y en políticas y estrategias, el informe destaca que las brechas en capacidades operativas, desarrollo de talento y adopción efectiva de tecnologías y estándares siguen siendo retos a nivel regional, lo que implica que la madurez normativa debe traducirse en avances concretos en esas áreas para fortalecer la seguridad real.
En este punto, el rol del Estado es clave y debe entenderse de forma integral. No basta con definir controles, exigir cumplimiento o fiscalizar su ejecución.
El Estado debe también garantizar los recursos, capacidades y financiamiento necesarios para que el sector público pueda implementar efectivamente los controles asociados a todas las dimensiones de la ciberseguridad, y, al mismo tiempo, apoyar al sector privado —especialmente a los sectores estratégicos y a las organizaciones con menor madurez— en este proceso de adopción.
Sin este respaldo, el avance será inevitablemente más lento de lo que el contexto de amenazas exige, dificultando alcanzar un nivel superior de seguridad y resiliencia país.
Desde ACTI hemos sido claros en este punto. Chile necesita una estrategia integral que combine regulación inteligente, políticas públicas bien diseñadas, fortalecimiento de capacidades, desarrollo de habilidades digitales, adopción efectiva de estándares y una colaboración público-privada real y sostenida.
La ciberseguridad debe entenderse y gestionarse como un ecosistema, donde Estado, empresas, academia y sociedad civil cumplen roles complementarios y coordinados.
Invertir en ciberseguridad es invertir en estabilidad económica. Es asegurar que la digitalización del Estado funcione de manera confiable, que la industria pueda innovar sin temor a interrupciones críticas y que las personas confíen en los servicios digitales que utilizan a diario.
Los países que comprendan esto a tiempo serán los que lideren la economía digital; los que no, enfrentarán altos costos en productividad, competitividad y confianza.
El crecimiento de Chile en los próximos años dependerá, en buena medida, de una condición silenciosa pero fundamental: que nuestro desarrollo digital sea seguro, resiliente y confiable. La ciberseguridad ya no es una opción ni un tema accesorio; es una viga estructural de la infraestructura del país que queremos construir.
