Tomás Lagomarsino, diputado del Partido Radical, anunció el estudio de una acusación constitucional en contra de la ministra Ximena Aguilera. ¿El motivo? La nueva prórroga que pidió la Superintendencia de Salud a la Corte Suprema para dar cumplimiento al fallo respecto a la devolución que deben realizar las isapres.
El diputado Tomás Lagomarsino (PR) anunció que su equipo estudiará una posible acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Esto, tomando en cuenta que la Superintendencia de Salud pidió una nueva prórroga de seis meses a la Corte Suprema para dar cumplimiento al fallo de las isapres.
“Más parece ser ministra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que de la salud de Chile. Si es que ella ya no quiere ser secretaria de Estado y prefiere tener un cargo en Washington o en la OMS, que renuncie de una buena vez”, señaló.
De acuerdo al parlamentario del Partido Radical, quien integra la Comisión de Salud de la Cámara, el ministerio tiene una falta de conducción por “las listas de espera, que alcanzan límites incalculables y sin precedentes, y el estancamiento de múltiples proyectos de hospitales”.
Sin embargo, Lagomarsino puso el foco en la ley corta de isapres. “Le solicité a mi estudio jurídico que inicie el estudio de una acusación constitucional (en contra de Aguilera)”, aseguró.
En ese sentido, agregó que “es deber de los secretarios de Estado dar cumplimiento a las leyes y, por ende, al fallo del máximo órgano jurisdiccional del país”.
En noviembre del año pasado, la Corte Suprema obligó a las aseguradoras a establecer una única tabla de factores en sus planes. Esta medida es con efecto retroactivo, por lo que deberán devolver los cobros en exceso a sus respetivos cotizantes.
Para ello, el Ejecutivo ingresó una ley que aún se debate en el Congreso, por lo que se pidió una nueva prórroga al máximo tribunal para dar cumplimiento a su sentencia.
“Lo he conversado con otros diputados y todos están en una situación muy crítica respecto a ella (Ximena Aguilera). No todos adhieren directamente a una acusación constitucional, pero a muchos les hizo sentido”, afirmó.
