Una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en las municipalidades de La Granja y San Ramón –región Metropolitana-, luego que constatara la entrega y renovación de licencias de conducir a presos y deudores de pensión de alimentos.
En concreto, el ente contralor precisó que los permisos concedidos incluyen a personas privadas de libertad, licencias entregadas a condenados por diversos delitos y trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Más de 800 licencias de conducir entregadas con irregularidades en La Granja
Respecto al caso de La Granja, el informe detalla que tres personas recibieron licencia mientras cumplían penas privativas de libertad, contraviniendo la Ley de Tránsito. Dicha normativa exige la realización presencial de evaluaciones sensométricas y psicométricas.
Del mismo modo, se identificó que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos de conducir en esa comuna. Esto último fue detectado tras el cruce de información con la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, resalta Contraloría.
A lo anterior se suma la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes al momento de la revisión mantenían deudas vigentes por un total de 11.111,911 UTM (es decir, más de 700 millones de pesos).
Además, el informe también expone cinco casos en que funcionarios municipales intervinieron en el proceso de otorgamiento de licencias para familiares, participando en los exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas e incluso autorizando licencias en su calidad de director de tránsito y transporte público.
Ante estas situaciones, la CGR requirió en 29 oportunidades antecedentes del sistema de licencias y los perfiles de usuario asociados. Sin embargo, la municipalidad de La Granja no entregó la información completa, por lo cual el órgano contralor instruirá un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Licencias de conducir otorgadas en San Ramón
En cuanto a San Ramón, Contraloría señaló que en el informe respectivo se detectó el otorgamiento de licencia de conducir a una persona que también se encontraba cumpliendo una condena privativa de libertad.
Por ello, se ordenó paralizar el sumario iniciado por el propio municipio y remitir el expediente a la CGR. Esto, para que sea el órgano contralor el que determine eventuales responsabilidades administrativas.
En detalle, el documento indica que en San Ramón se entregaron 73 permisos a personas que habían sido condenadas entre 2023 y 2024, no ajustándose a lo establecido en la ley de Tránsito.
También se verificó que se entregaron licencias de conducir a 55 personas que, al momento de solicitar el documento, se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
En otras observaciones, se menciona que fueron otorgadas licencias sin cumplir con requisitos mínimos exigidos en las evaluaciones realizadas relacionadas con el test de coordinación motriz, agudeza visual, perimetría, visión de profundidad, recuperación de encandilamiento, visión de colores, audiometría; y sin la evaluación del examen psicosensométrico.
Junto con ello, Contraloría comprobó el deficiente manejo documental del municipio, con expedientes almacenados en contenedores tipo bodega, apilados en el suelo o en estantes improvisados, incluyendo licencias vencidas en mal estado y sin orden de archivo.
Además, se detectó que el municipio realizó cobros superiores o inferiores a lo establecido en las ordenanzas vigentes, generando diferencias por $1.742.335, de los cuales $277.903 corresponden a ingresos por derechos municipales no regulados.
Así las cosas, la CGR iniciará sumario administrativo tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas en ambos casos y que pudieran derivarse de las situaciones objetadas. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
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