Reiterando todos los puntos ya advertidos ante la Cámara, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso en la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto de reajuste del sector público.
Nuevamente, la presidenta del organismo, Paula Benavides, recordó que existe una brecha de financiamiento de US$822 millones, considerando las fuentes ya previstas en el proyecto y que en la Ley de Presupuesto no se consignó un punto relacionado a un reajuste de remuneraciones.
“El costo fiscal informado para 2026 incorpora 13 meses de impacto presupuestario -12 meses de 2026 más un mes de aplicación retroactiva por el reajuste de diciembre- lo que aumenta las presiones de financiamiento del gasto en 2026”, advirtió Benavides.
¿Recursos para emergencias o el reajuste?
A su vez, la representante del organismo técnico volvió a detallar la composición de las provisiones del Tesoro Público según la Ley de Presupuestos.
Por una parte, está la asignación 104 del con un total de US$961 millones, equivalentes a un 0,26% del PIB. Estos están destinandos a posibles emergencias, además de proyectos de ley en estudio y otras variables.
De esto, se destinarán US$616 millones para el reajuste y el resto quedaría para otros proyectos de ley o emergencias.
Sobre aquello, Benavides dijo que el margen que quede de la asignación 104, unos US$345 millones, debe asegurar la disponibilidad de recursos para financiar emergencias o contingencias.
“Históricamente, la asignación 104 (…) es la que se ha utilizado para financiar proyectos de ley que tienen una alta probabilidad de aprobación y gasto estimable, como es el caso del reajuste del sector público, pero también para afrontar imprevistos y emergencias”, aseguró.
La Contralora Dorothy Pérez también participó de la sesión de la Comisión –tal como sucedió en la Cámara– y ahondó en este aspecto al señalar que “estas provisiones no son exclusivas para gastos de la ley de reajuste”.
“Atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país, con la cantidad y magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste”, apuntó Dorothy.
Financiamiento al reajuste del sector público
Otra fuente de financiamiento detallada por Benavides fue la asignación 275 con US$1.236 millones (0,34% del PIB), dedicada a leyes permanentes con gastos aleatorios, como indemnizaciones y bonos.
Sobre esto, la presidenta del CFA dijo que tales recursos deben cubrir los gastos aleatorios comprometidos en las leyes permanentes -como las cotizaciones bajo la reforma de pensiones-, por lo que no son recursos de libre disposición.
“El proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”, sentenció Benavides.
En este contexto, recordó que el proyecto nace en un escenario de estrés fiscal con déficits estructurales persistentes e incumplimientos de las metas de Balance Estructural.
También con una deuda cercana a su nivel prudente del 45% y un bajo nivel de activos en el FES.
Considerando todo lo anterior, el CFA reiteró su recomendación para que la Dirección de Presupuestos (Dipres) exprese con detalle cuáles son las fuentes adicionales de financiamiento que necesitará el reajuste al sector público, además de que se ejecuten oportunamente las reasignaciones para evitar presiones en el gasto.
Enviando corrección, espere un momento...
