A través de la acción judicial, el organismo estatal entró a la causa contra el liquidador de la Universidad del Pacífico, quien será reformalizado este martes. Se le apunta por armar un tinglado para favorecer a sus cercanos con varios millones de pesos, a costas de los demás acreedores.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la causa que pesa sobre el liquidador de la quiebra de la Universidad del Pacífico, Carlos Parada Abate, e ingresó una querella criminal en su contra, por los delitos de negociación incompatible, de ventajas indebidas al acreedor y como inductor del delito de falsificación de instrumento público.

La acción legal -ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago- se da a ad portas de la reformalización del abogado junto al receptor judicial, Claudio Cortés Cortés, por la supuesta falsificación de la notificación de la quiebra de la casa de estudios.

Lea la querella

En la oportunidad, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, dictará nuevos cargos contra Parada, quien permanece bajo arresto domiciliario total desde el pasado 22 de diciembre.

En esta nueva presentación, el CDE pone el énfasis en el tinglado que habría conformado Parada, junto a un grupo de cercanos, para solicitar y decretar la liquidación forzosa de la Universidad del Pacífico y ser designado él como liquidador concursal en dicho proceso.

Las maniobras incluyeron dos notificaciones fraudulentas relacionadas a la quiebra, realizadas por el propio Cortés a cambio de $60 mil.

Réditos para su amigo

De acuerdo al libelo, las acciones de Parada le permitieron proporcionar ventajas indebidas a dos acreedoras, las sociedades Inmobiliaria Paseo San Damián S.A. y Abundancia SpA, que coincidentemente son representadas y están ligadas en propiedad a Alfonso Vásquez Parker, amigo personal del imputado.

Según la investigación del Ministerio Público, a la primera el abogado aprobó un crédito de más de 7,4 mil millones de pesos, lo que significó réditos económicos que ascienden a un 50% más de lo que en rigor les correspondía.

A la segunda firma, en tanto, le entregó créditos improcedentes y de manera dolosa -de acuerdo al CDE- por $250 millones. Las acciones -sostiene la acción judicial- fueron en directo perjuicio de los demás acreedores y de la propia empresa deudora.

Así las cosas, a través del libelo, el Consejo de Defensa del Estado solicitó a la fiscalía que despache una orden de investigar a la PDI para tomar declaraciones y ubicar a testigos que permitan el esclarecimiento de los hechos.

La reformalización de ambos está fijada para mañana martes a las 12:00 horas, ocasión en la que se deberá revisar la admisibilidad de la querella.