Los diputados Marcelo Díaz, Jorge Brito y Camila Rojas reingresaron el proyecto de ley que impide la pesca de arrastre de la merluza. La iniciativa planteaba una fórmula para darle sustentabilidad al recurso marino, alejando esta práctica a un mínimo de 30 millas de la costa.
Los parlamentarios tomaron la decisión de insistir con el proyecto luego de que este martes se rechazara la moción en la Cámara por falta de quórum, ya que requería 78 votos a favor para su aprobación y obtuvo 74.
El texto, modificaba la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, prohibiendo de manera expresa la “extracción de la especie merluccius gayi gayio, merluza común, con el arte de pesca comprendido como ‘arrastre’, ya sea de media agua o de fondo”.
“Trabajamos durante años junto a organizaciones de la pesca artesanal para llegar a esta iniciativa que permitirá no solo terminar con la depredación del ecosistema marino, también asegurar que la merluza no se agote, que podamos seguir comiéndola, y que las y los pescadores sigan teniendo trabajo”, manifestó la diputada Camila Rojas (Partido Comunes).
Por su parte, Jorge Brito (Revolución Democrática) señaló que “hemos vuelto a reingresar la prohibición del arrastre para la merluza, porque perdimos por 4 votos que ya estaban comprometidos. Pero sobre todo porque ya ganamos en la primera votación en comisión y porque somos porfiados en la necesidad de recuperar el mar para Chile”.
En esa misma línea, el diputado Marcelo Díaz (Movimiento Unir) agregó que “hemos tomado la decisión de volver a presentarlo porque los votos están, pero hubo un conjunto de dificultades técnicas. No es razonable que esto ocurra, pero en vez de quedarnos paralizados decidimos ingresarlo nuevamente para que vuelva a la comisión y ojalá aprobarlo”.
Según diversas voces, este proyecto traería consecuencias negativas para la actividad económica vinculada a la pesca. El ministro de Economía, Lucas Palacios, afirmó ayer en la discusión que la aprobación del proyecto “implicaba en la práctica el cierre de ocho plantas procesadoras y la pérdida de mil 150 empleos directos, además de 3 mil millones de pesos menos de ingresos fiscales, entre otros impactos”.
Asimismo, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), de la región de Aysén, aseveró que “es una especie de letra chica para destruir la actividad productiva. En el caso de Aysén, si eliminamos el arrastre, provocaríamos que la región perdiera el 30% del PIB de su actividad económica”.
