La defensa de Giorgio Martelli aseguró que la declaración del empresario brasileño Leo Pinheiro, por el supuesto aporte irregular de más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2014, no se ajusta a la legalidad.
El miedo a perder el contrato para la construcción del canal de Chacao, fue la razón por la cual Pinheiro, el controlador de la constructora brasileña OAS, pidió a Luiz Inazio “Lula” da Silva, que hiciera gestiones al más alto nivel para asegurar que los intereses de la constructora no se vieran afectados ante el cambio de gobierno que se produciría en Chile en 2014.
Según el relato de Leo Pinheiro y que fueron publicados por el diario Folha de Sao Paulo, Lula gestionó un aporte de 100 millones de pesos por parte de OAS a la campaña de la exmandataria.
Ante estos antecedentes, la fiscal Ximena Chong señaló que corresponderían a un contrato entre OAS y una empresa de Martelli. Agregó que ella interrogó a Pinheiro en Curitiba y que el empresario guardó silencio frente a sus preguntas.
El abogado de Giorgio Martelli, Cristian Arias, manifestó que la declaración de Leo Pinheiro no se ajusta a la realidad y sostuvo que la empresa Martelli y Asociados suscribió un contrato perfectamente legal por una contraprestación que efectivamente se cumplió.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que “nadie está por sobre la ley” y confirmó que todas las personas involucradas en el caso serán investigadas.
“Vamos a seguir adelante con la investigación para establecer la efectividad de ese financiamiento y poder hacer los reproches penales que corresponden y a las personas que se vean involucradas en estos hechos”, añadió Abbott.
Desde la UDI también reaccionaron al tema y solicitaron que se investigue el posible financiamiento ilegal de OAS a la campaña presidencial de Michelle Bachelet.
El timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que si los mencionados antecedentes son verídicos, se trata de una situación realmente grave. “Esta misma empresa ha reconocido financiamiento ilegal de la política en varios países. Hay una arista que se está investigando en Chile, que es la de ME-O”, enfatizó Desbordes.
