La tarde de este jueves, Chile se abstuvo de votar la resolución de la ONU que investigará la violencia ejercida por el Estado de Filipinas en la guerra contra el narcotráfico, lo que causó el rechazo de la oposición, desde donde indicaron que aquello “es una vergüenza”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric aseguró que la “defensa de los Derechos Humanos con un solo ojo o sólo cuando se utiliza para política interna no sirve”.

En tanto, el diputado Pablo Vidal lamentó la decisión de la Cancillería y acusó que la postura traicionó “la tradición de Chile de protección a los Derechos Humanos”.

“Hemos visto la protección de Chile por los Derechos Humanos en Venezuela, pero cuando es en Filipinas ya no nos importa”, disparó.

Según consignó Emol, el presidente del PPD y ex canciller, Heraldo Muñoz, dijo no poder entender este voto “menos aún cuando el Gobierno ha actuado tan vigorosamente en el caso de Venezuela”.

El también otrora ministro de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés (PS) sentenció que la Cancillería debe explicar la abstención a como de lugar puesto que la decisión “desmiente a todos quienes pensamos que se había producido un cambio en la política exterior. (Es) una vergüenza”, espetó.

Por otra parte, la abstención también cosechó detractores en el Senado, en la voz de Isabel Allende (PS) y Ricardo Lagos (PPD).

Según la senadora, la abstención de Chile es “incomprensible”. ¿Los DD.HH. sólo para los venezolanos?”, inquirió.

Lagos, en tanto, concordó con Allende a la hora de calificar el actuar de nuestro país como “incomprensible”.

La resolución fue adoptada en una sesión del Consejo de Derechos Humanos (DDHH) del ente mundial, medida que fue respaldada por 18 naciones y rechazada por 14.

Chile se abstuvo con otros 15 países, entre los que se encontraron Japón, Túnez, Nepal, Nigeria, Túnez, Togo, Pakistán, Senegal y Sudáfrica, entre otros.

De esta manera, se le mandatará a Michelle Bachelet que inicie un seguimiento de la situación y elabore un informe al respecto.

Aunque, con anterioridad, la oficina del alto comisionado de DDHH de la ONU ya había emitido un reporte en la materia, en el cual constató miles de muertes y ejecuciones extrajudiciales, siendo más de 5 mil los decesos reconocidos por el propio gobierno filipino.