La Ley de Plásticos y Productos de un Solo Uso (21.368), publicada en agosto de 2021, todavía continúa implementando cambios al comercio.
A su vez, surgen cuestionamientos desde el comercio debido a la falta de un reglamento que entregue un marco claro para hacer cumplir las nuevas exigencias de la normativa.
Cuestionamientos por nuevos cambios por la Ley de Plásticos de un Solo Uso
Desde el viernes 13 de febrero, se prohibirá a los locales de expendio de alimentos el entregar productos de consumo un solo uso -de cualquier material- al interior de sus instalaciones, al menos que sean biodegradables certificados.
Fuera del local, los establecimientos podrán entregar productos desechables, pero solo si son plásticos que se puedan reciclar o certificados, y siempre y cuando lo pida el consumidor. Junto con ello, se obliga a los supermercados a exhibir al menos un 30% de las bebidas en botellas retornables.
Previamente, en 2022 se prohibió el uso de bombillas plásticas desechables. En 2023 se obligó a los comercializadores de bebidas a ofrecer y recibir botellas retornables, sea por venta presencial o electrónica.
En enero del año pasado, ya se exigió que las botellas desechables contengan al menos un 15% de plástico reciclado y recolectado en Chile, cifra que irá en aumento hasta el 70% en 2060.
Falta de reglamento pone en alerta al comercio
Sobre los cambios desde el 13 de febrero, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) alertó que todavía hay aspectos que no están del todo claros, debido a la citada falta de reglamento.
Específicamente, apuntan a las nuevas exigencias sobre los supermercados y cuestionan que no existe una definición de “vitrina” en el contexto de esta ley, o temas como el cálculo del porcentaje o criterios de fiscalización, lo que, a juicio del gremio, abre espacio a posibles interpretaciones distintas y fiscalizaciones contradictorias.
Aunque la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, reconoció que la sostenibilidad “es un objetivo compartido” y que desde el sector han ido cumpliendo con las obligaciones, “para implementar adecuadamente una norma que impacta directamente en la operación diaria de supermercados y otros establecimientos, se requieren reglas claras y criterios uniformes”.
Por ello, es que desde la organización revelaron que solicitaron a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Medio Ambiente que se pronuncien al respcto.
“La correcta implementación de una política ambiental exige certeza normativa. Sin reglas claras, se pone en riesgo no solo la operación del comercio, sino también el objetivo de promover un cambio cultural efectivo en materia de gestión de residuos”, concluyó Vidal.
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