Para esto, el organismo ofició a varias instituciones, como la CMF, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, con el fin de que entreguen distintos antecedentes, los cuales podrían ser presentados al Ejecutivo (de forma no vinculante) mediante una recomendación para la posible creación de una ley.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha marcado un precedente de lo que, podría significar, un cambio en la forma que operan los grandes conglomerados empresariales chilenos.
Lo anterior gracias a que, durante el miércoles, el Tribunal acogió la solicitud ingresada por la Corporación Nacional de Usuarios y Consumidores (Conadecus), donde se solicitaba abrir un expediente con el cual se puede proponer al Gobierno el denominado proyecto de “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada”, según se menciona en Diario Financiero.
“Por resolución de 27 de septiembre de 2023, a solicitud de Conadecus, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia inició un Expediente de Recomendación Normativa para evaluar la necesidad de recomendar la dictación de preceptos legales o reglamentarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas”, se lee en la web oficial del TDLC.
El objetivo de la iniciativa presentada por Conadecus es que se “limite el poder de mercado” de grandes grupos empresariales que posean operaciones relevantes dentro de su sector, “con el objetivo de regular de manera especial el ejercicio de las actividades económicas de dichos grupos, en prevención a que ellas se presten en condiciones competitivas”, según cita DF.
Ahora, con este procedimiento del TDLC, las personas y grupos interesados podrán dar antecedentes para que, en caso de que el Tribunal así lo considere, se pueda presentar una recomendación, no vinculante, al Ejecutivo.
Aspectos a tratar
Los aspectos que se analizarán en el Expediente son cuatro. Uno de ellos es la imposición de restricciones a estructuras societarias piramidales de grupos empresariales que superen un determinado tamaño.
Otro es, nuevamente, la imposición de restricciones pero a la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros y otros; la consideración de la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado; y el establecimiento de un registro de grupos empresariales que superen un determinado tamaño.
Con todo lo anterior, el TDLC ordenó oficiar a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Banco Central de Chile, Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, para que todos aporten antecedentes en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la publicación del extracto de la resolución en el Diario Oficial.
Además, solo los agentes económicos que aporten antecedentes dentro del mismo plazo, y que confieran patrocinio a algún abogado habilitado, podrán manifestar su postura en la audiencia pública que se realizará en el contexto del Expediente.
