La red de clínicas explicó que optó por la vía judicial luego de haber enviado más de 40 cartas formales a Fonasa y los servicios de salud con el fin de regularizar la situación. "La falta de pago oportuno por parte de Fonasa pone en riesgo la sostenibilidad de las clínicas y deja en jaque la articulación público-privada tan necesaria en materia de salud", sostuvo.

Las clínicas de Red Dávila (Clínica Dávila en Recoleta, Dávila Vespucio en La Florida y tres centros ambulatorios en Las Condes, Ñuñoa y Maipú, todas parte de Empresas Banmédica), interpusieron demandas civiles de cobro en contra del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y los Servicios de Salud Metropolitano Norte y Sur Oriente producto de las millonarias deudas que mantienen con las clínicas por concepto de Ley de Urgencia (riesgo de muerte o secuela funcional grave que requiere atención inmediata) y Rebase (prestaciones otorgadas post estabilización del paciente).

La información fue confirmada por la misma red de clínicas, que difundió los detalles en un comunicado. Señaló, además, que en las próximas semanas tomará determinaciones similares.

“Estas acciones legales son el último recurso disponible luego de haber agotado todas las instancias previas en busca de una solución, entre ellas, el envío de más de 40 cartas formales y varias solicitudes de reuniones a la autoridad correspondiente, reclamaciones que no tuvieron acogida satisfactoria”, comentó la firma.

Pago de deuda más intereses, reajustes y costas

En la demanda, Clínica Dávila solicita a Fonasa y al S.S Metropolitano Norte el pago de servicios por un total de $11.874.779.027; mientras que Clínica Dávila Vespucio presentó acciones contra Fonasa y el S.S Metropolitano Sur Oriente por $11.230.590.182, en ambos casos debiendo añadirse intereses, reajustes y costas.

A la fecha, dijo la red de clínicas, Fonasa y los Servicios de Salud mencionados adeudan más de $76 mil millones a la central de Dávila y a la sucursal de Vespucio.

Un 50% de la deuda total se concentra en el año 2022, por prestaciones realizadas a miles de beneficiarios del sector público, aunque hay “cuentas pendientes desde 2017”.

En todo este contexto, Red Dávila afirmó que el 52,5% de sus atenciones se realizan a beneficiarios de Fonasa, “cumpliendo un rol relevante en materia de salud en el país, tanto por entregar atención oportuna y de calidad a todas las personas como por ser un centro formador de especialistas y profesionales de la salud”.

Ese porcentaje (52,5%), mencionó, “se traduce en la realización de alrededor de 32 mil cirugías y 664 mil consultas de especialidad al año, 54 mil atenciones de urgencia, 11.500 hospitalizaciones de urgencia y más de 8 mil atenciones PAD solo a beneficiarios del sector público”.

La falta de pago oportuno por parte de Fonasa, puntualizó, “pone en riesgo la sostenibilidad de las clínicas, poniendo también en jaque la articulación público-privada tan necesaria en materia de salud”.

Millonaria deuda del Estado con las clínicas

Una serie de deudas acarrea el Estado con los servicios de salud privados a raíz de las prestaciones generadas durante la pandemia, en su mayoría derivadas de la Ley de Urgencia y emergencias del Covid entre 2019 y 2022.

Se trataría de $382 mil millones, lo que se divide entre las que mantiene Fonasa ($200 mil millones) y los diversos Servicios de Salud, que dependen directamente del Ministerio de Salud.

En paralelo, en las últimas horas Clínicas de Chile -asociación gremial que reúne a los 40 principales prestadores de salud privados del país- envió una carta a sus asociados en la cual les alertó que “en un muy corto plazo, varias isapres podrían incurrir en incumplimiento de los indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de Salud para su funcionamiento”.

Y eso último, agregó, daría paso a que las isapres más afectadas inicien “los consecuentes procesos de liquidación y quiebra”.

En la misiva, Clínicas de Chile sostuvo que el sistema de salud privado arrastra una “permanente crisis” desde hace algunos años, “ya sea desde el financiamiento o por anuncios de cambios regulatorios relevantes”.

Sin embargo, afirmó, hoy no sólo enfrentan incertidumbre “sino que el riesgo real y tangible de colapso financiero abrupto de una o más isapres”.