Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) resolverá sobre la admisibilidad del requerimiento presentado por la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, en contra del proyecto minero portuario Dominga de la empresa Andes Iron.

El TC escuchó durante la jornada de ayer miércoles los alegatos de admisibilidad de la acción, -presentada el 14 de septiembre-, que va dirigida en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por considerar inconstitucional la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que aprobó el proyecto minero portuario.

A la espera de la decisión del TC, el abogado Diego Lillo, representante de la asociación gremial, señaló que el SEA debe uniformar los criterios y exigencias técnicas que establezcan los organismos, mediante guías de trámite que, a su juicio, en este caso no existen y es materia del Tribunal Ambiental exigirlo.

“No queda claro si quiera que Dominga esté en contra de ello, más aún, yo observo que en el informe que acompañaron se manifiestan ciertos puntos de acuerdo con nuestra posición en relación con que esta norma no tendría que haber sido aplicada”, afirmó Lillo.

La compañía Andes Iron, controladora del proyecto, había presentado con anterioridad un informe en Derecho para que el Tribunal Constitucional considere inadmisable el recurso de los pescadores.

El abogado, Luis Cordero, quien representó en los alegatos a la empresa, sostuvo que la acción se encuentra dirigida contra el mérito de la resolución judicial y que su rechazo, es discriminatorio al exigir la existencia de una línea de base marítima pues el proyecto fue previamente aprobado sin que dicha exigencia fuese solicitada.

“En uno de los argumentos se hace referencia a las Guías trámite, que no es una regla determinante para decidir el asunto. Habían otros vicios en esa calificación y probablemente esta era una norma que el tribunal incorporó”, explicó Cordero.

Por su parte el abogado Ezio Costa, representante de la ONG por la preservación de los mares, Oceana, defendió la admisibilidad del requerimiento y lo obrado por el Comité de Ministros.

“El Comité de Ministros lo que debe hacer es aplicar la ley, haya o no existencia de guías metodológicas”, comentó el jurista.

Si finalmente el Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento, se entrampará el proceso en el que se encuentra el proyecto minero Dominga por cerca de 300 días.