Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El presidente Gabriel Boric resaltó la firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) de Maricunga entre Codelco y Rio Tinto como parte de la Estrategia Nacional del Litio, destacando su importancia para el país. Sin embargo, el anuncio fue opacado por una polémica que involucró a Corfo, la cual tuvo que vender activos por casi US$400 millones debido a un error en la estimación del precio del litio.
La firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) de Maricunga entre Codelco y Rio Tinto fue presentada por el Gobierno como un hito de la Estrategia Nacional del Litio.
El presidente Gabriel Boric la destacó como un legado para el país, pero el anuncio quedó eclipsado por una nueva polémica que involucró a la Corporación de Fomento (Corfo).
En diciembre de 2025, la Corporación tuvo que vender activos por casi US$400 millones, para enfrentar la brecha que resultó de un error en la estimación del precio del litio y así poder dar cumplimiento a los compromisos de gasto de la Ley de Presupuesto.
Una buena noticia opacada por más errores de cálculos
Se repite la historia y nuevos errores de cálculo terminan en el deterioro de las finanzas públicas.
Lo primero: hoy se concretó la firma del CEOL de Maricunga, cuya ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Gobierno. Se trata de una alianza público-privada entre Codelco y Rio Tinto.
En palabras del presidente Gabriel Boric, se trata de un mensaje a las nuevas generaciones.
“Aquí hay una riqueza importante que podrá financiar hospitales, carreteras (…) es riqueza que la gente va a ver en sus territorios”, comentó el jefe de Estado sobre la Estrategia del Litio, ejemplificando cómo el royalty minero ha financiado mejoras en ciertas comunas.
Pero esa noticia se vio opacada por una nueva polémica que tiene a Corfo de protagonista.
Se estimaba que en 2025 los contratos de litio del Salar de Atacama recaudarían US$737 millones, cifra con la que se elaboró la Ley de Presupuestos. Esto con un precio del carbonato entre US$13.000 y US$15.000 la tonelada.
Sin embargo, el precio cayó al rango de US$8.900 a US$10.000, generando una brecha de US$387 millones para cumplir con la proyección del Gobierno.
En junio de ese año ya se advirtió que las proyecciones no se darían, pero el gasto ya estaba comprometido y en diciembre se confirmó lo que se temía.
No obstante, el biministro Álvaro García salió al paso y dijo que eran recursos contemplados y era muy importante cumplir con esos compromisos.
Sobre si le hace mal “estar prestando recursos al Tesoro”, la autoridad descartó que ese sea el término correcto; y señaló que este Gobierno en particular ha capitalizado mucho más a la Corfo.
Como los ingresos efectivos solo permitieron transferir US$349 millones, el Ministerio de Hacienda solicitó el cumplimiento íntegro del monto, lo que llevó al Consejo de Corfo a autorizar en diciembre la venta de activos financieros por $225.500 millones, la liquidación de inversiones transitorias por $80.000 millones y la transferencia de $49.776 millones por reembolsos de operaciones con bancos multilaterales.
En la esfera política genera indignación la noticia.
“Eso fue una cosa distinta porque eran excesos de ingresos que habían recibido más allá de lo proyectado. Pero estos recursos son recursos que se necesitan casi para la operación de Corfo. Por lo tanto, va a afectar el funcionamiento futuro”, opinó.
Todo lo mencionado en las últimas horas era el equivalente al 10% de los activos financieros de la institución —cuyo patrimonio bordea los US$3.000 millones— y esto sí afecta su planificación financiera en el largo plazo.
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