Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) defendieron la calificada “norma de amarre” que propone el reajuste del sector público, con el objetivo de limitar los despidos de funcionarios del aparato estatal cuando asuma el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
La medida ha generado un rechazo tajante en la oposición, que acusó que se busca asegurar la permanencia de “los amigos y operadores políticos de esta administración”.
En diálogo con Emol, el presidente de la ANEF, José Pérez, amparó la iniciativa apuntando a que los funcionarios públicos trabajan “para la ciudadanía”.
En la misma línea, planteó que en el marco del “trabajo decente” se debe apuntar “a la estabilidad laboral”.
“Somos nosotros los que atendemos a la ciudadanía en momentos de catástrofe, incendios, terremoto, pandemia. Somos los primeros en atender a esa ciudadanía que es más demandante. Y nosotros rendimos cuenta”, dijo a Emol.
Y agregó: “La autoridad política tiene que dar el ancho para apoyar esta demanda que es estructural de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile”.
Pérez, asimismo, rechazó las críticas de la oposición; e insistió que “no se trata de un amarre”, sino de “asegurar estabilidad en el empleo para quienes trabajamos para el Estado de Chile (…)”.
“La norma criticada en el reajuste al sector público por un sector político no es un amarre: evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente”, remarcó.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, comentó por su parte que con esta iniciativa se busca generar mecanismos de defensa para que los funcionarios puedan entrar a un procedimiento de evaluación de su desempeño “y no ocurra lo que pasó en el primer gobierno de Sebastián Piñera”.
Acusó que la oposición “viene hace un año fustigando a los funcionarios” y amenazando con “despidos”.
Se prevé que la mencionada disposición complique aún más las discusiones que deben darse en el Congreso durante la primera semana de enero.
La “norma de amarre”
El reajuste del sector público no ha estado exento de polémicas.
El proyecto aún no ingresa formalmente al Congreso y ya quedó sin el respaldo de dos de las 16 organizaciones de la mesa del sector público, porque la propuesta del Gobierno no los dejó conformes.
Pero entre los puntos que sí tuvieron acuerdo transversal destaca una norma que garantiza una mayor estabilidad laboral los trabajadores del aparato estatal.
Lo anterior, se trata de una disposición que comprometería directamente al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, ya que apuntaría a restringir el despido de funcionarios.
La petición de incluir ese punto fue hecha por los propios gremios y no deja de ser polémica.
La norma dispone que lo siguiente:
La no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”.
Asimismo, establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”.
Y en caso de que se dé dicho escenario, la Contraloría sólo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos.
Sin embargo, eso no es todo: también se incorpora “una norma que regula al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente”.
Sobre ellos establece qué condiciones tendrán sobre su modalidad de contratación, causales de cese y remuneraciones.
Críticas
Toda esta situación ha generado un rechazo absoluto en la oposición, que señaló que se trata de una “norma de amarre totalmente inaceptable”.
El diputado Republicano, Agustín Romero, comentó que “esto supera el espíritu propio de la ley y solo se busca amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”.
Opinión similar tuvo el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien refutó que una disposición así establece “una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios” de la administración del presidente Gabriel Boric.
A su juicio, se trata de una especie “de corralito” que dificultaría incluso remover a quienes gozan de cargos de confianza.
Enviando corrección, espere un momento...
