Si bien la denominada "Ley Uber" está en proceso de ajustes y revisiones, si entrara ahora mismo en vigencia sacaría inmediatamente de circulación a más de 90 mil conductores de las apps de transporte. Un análisis de la Universidad Católica indicó que sólo un 15,5% de los choferes registrados podría seguir operando.

Según un estudio de la Universidad Católica, solo un 15,5% de los conductores de las aplicaciones de transportes cumpliría lo que dejó delineado la nueva normativa de la denominada “Ley Uber”.

El estatuto -que enmarca una serie de requisitos para las apps de ese tipo- se encuentra actualmente en revisión en la Contraloría.

Conforme al análisis, si la Ley estuviera en vigencia solo 16.700 conductores podrían seguir circulando por las calles del país, lo que se traduciría en que otros más de 90 mil no podrían seguir operando.

Ley Uber

En abril de 2023 fue publicada la Ley 21.553 que regula las Aplicaciones de Transporte Remunerado de Pasajeros, más conocida como “Ley Uber” (si bien debía regir desde enero pasado, continúa en proceso de ajustes).

La normativa implica condiciones que van desde la cilindrada de los vehículos hasta su antigüedad y el tipo de licencia que deberán tener los conductores.

De acuerdo con el análisis realizado por la Universidad Católica, en diciembre de 2023 había 107.500 choferes de aplicaciones móviles, de los cuales solo un 15,5% cumple con la normativa.

En simple, más de 90 mil choferes quedarían sin ese trabajo.

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El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, aseguró que el problema más importante de la Ley está en la exigencia de un registro.

Señaló que “a largo plazo puede cambiar significativamente lo que esta industria representa”.

En particular, el informe muestra que el 37,2% de los conductores no cumple con el requisito de antigüedad y cilindrada.

En relación con la obligación de contar con licencia profesional, solo el 21,7% de los choferes posee ese tipo de documento.

El experto en Transporte y Logística -y exconsultor de la Cepal- Felipe Ulloa, sostuvo que “no es posible que el Estado al momento de regular una actividad económica destruya empleo”.

Una vez que la Contraloría apruebe esta Ley y comience su implementación, su primer impacto será en aquellos conductores cuyos vehículos no cumplan con los requisitos de antigüedad y cilindrada, ya que estas regulaciones entrarán en vigencia de inmediato.

Según estimaciones de David Bravo, alrededor de 40 mil conductores se verían afectados al instante por eso último.