Varias reacciones se conocieron ayer, luego que se revelan nuevos antecedentes de la investigación por el millonario fraude al interior del Ejército, instancia donde se habrían utilizado facturas y boletas falsas para justificar trabajos no realizados, los cuales fueron pagados con la Ley Reservada del Cobre y que terminaron en cuentas de funcionarios de la institución.

Según reveló en extenso The Clinic, fueron varios los millones de dólares que desaparecieron de dichos fondos y que se desglosan en cientos de operaciones fraudulentas, que se habrían iniciado el 2010, las cuales recién en abril del 2014 se detectaron por la institución, circunscribiéndose en la primera etapa a los meses de enero y marzo de ese año.

Fue ahí en que empezó la etapa judicial tanto de la justicia militar como del Ministerio Público, donde se establecieron compras falsas de repuestos para vehículos militares. Ante estos hechos el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz quedaron en prisión preventiva, imputados como responsables de esos actos.

Pero la investigación a medida que avanza ha confirmado que las operaciones fraudulentas habían partido el 2010, desconociéndose a la fecha a cuánto ascienden las perdidas, no descartándose por ahora que existan más personas implicadas.

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Uno de los imputados, el cabo Cruz, según expuso The Clinic, se habría gastado parte de las platas del fraude, en el casino de Juegos Monticello. Esto se estableció a raíz de su testimonio en que dijo que parte de sus millonarios ingresos se debieron a las ganancias por su afición a los juegos. A partir de ello es que se pidió un informe pericial al casino donde se estableció que gastó más de 140 millones de pesos en los últimos años.

Hechos que el Gobierno catalogó como grave. El portavoz de La Moneda, Marcelo Díaz, explicó que se pidió que de forma paralela se revisen los protocolos de revisión respecto a cómo se gastas esos recursos, mientras que desde el Congreso se criticó el control interno que tiene el Ejército.

El diputado de la comisión de Defensa, Jorge Tarud, anunció que citarán a las autoridades castrenses para que explique qué pasó en este caso.

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Pero este caso no es el único. Radio Bío Bío tuvo acceso a un dictamen de la Contraloría General de la República, con fecha del 14 de julio pasado, en el cual se ordena un sumario tras detectar que a oficiales del Ejército se les paga, actualmente, dobles sueldos.

Según el escrito oficial, se determinó que al revisar documentos al “azar” de organismos militares, aparecieron funcionarios, específicamente abogados con grado militar, quienes en forma paralela a su designación como miembros del Ejército de Chile, están sirviendo en labores a honorarios y a contrata en el Estado Mayor Conjunto y la Dirección General de Movilización Nacional, respectivamente, ganando con ello dos sueldos.