El Senado argentino aprobó este jueves el proyecto de ley que contempla la disolución de la cuestionada Secretaría de Inteligencia (SI) para crear un nuevo organismo federal impulsado por el gobierno tras la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman.
El proyecto se aprobó con 38 votos a favor y siete en contra en una sesión breve debido a la ausencia casi total de los bloques opositores.
El viernes empezará a ser debatido por la Cámara de Diputados para convertirlo en ley.
Los bloques opositores no se hicieron presentes en el debate ni en la votación porque consideran que el gobierno intenta con este proyecto desviar el eje de la discusión sobre la muerte del fiscal Nisman el pasado 18 de enero pasado.
Nisman investigaba desde hace una década el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 con 85 muertos en Buenos Aires y fue encontrado sin vida el 19 de enero en su apartamento, cuatro días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman de encubrimiento de sospechosos iraníes en el ataque.
El oficialismo y sus aliados tienen mayoría también en la Cámara baja para aprobar el proyecto, que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sin el poder que tenía la SI para realizar escuchas telefónicas ni tampoco su influencia sobre los casos de perfiles políticos que se ventilan en tribunales.
Fernández propuso cambios en el sistema de inteligencia porque sospecha que tras la muerte de Nisman pueden estar ex agentes de la SI que habían sido despedidos a fines del año pasado.
A casi un mes de la muerte del fiscal, que conmocionó a Argentina, se investiga el crimen como una “muerte dudosa”. La fiscal encargada del caso, Viviana Fein, no descarta que haya sido un suicidio, suicidio inducido o asesinato.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman, irrumpió el jueves en el primer plano de la investigación al pedir que no se politice este caso.
Arroyo Salgado, que representa como querellantes a sus hijas con Nisman -de 7 y 15 años-, anunció en una audiencia pública en el Congreso que pidió a la Defensoría General que la muerte del fiscal sea denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
