El gobierno español prevé aplicar sanciones penales contra los gestores públicos que no cumplan los objetivos de reducción del déficit, afirmó el miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristobal Montoro.

“Vamos a exigir responsabilidades penales. Penales en el sentido de que a un gestor público -sea un político o un gestor que ha nombrado un político- no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”, declaró el ministro a la radio Cadena Ser.

“Eso es lo que vamos a hacer porque este gestor está falseando la contabilidad pública al igual que un gestor privado tiene que hacer frente a responsabilidades penales si falsea las cuentas de su empresa”, puntualizó.

Para el ministro, “lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora”, advirtió Montoro.

El presidente del nuevo gobierno conservador, Mariano Rajoy, dijo el martes que intentará hacer aprobar una ley sobre la reducción del déficit y las otras reformas consideradas cruciales del mercado laboral y de los bancos, entre el 27 de enero y el 10 de febrero.

Montoro anunció el martes que la futura ley apuntaba a limitar el déficit público, previendo “sanciones” para las regiones que no cumplan con los objetivos fijados.

España tendrá a final del 2011 una fuerte deriva presupuestaria, con un déficit público por encima del 8% del PIB, contra el 6% prometido, después de un 9,3% en 2010. El gobierno apunta a un 4,4% en 2012.

Mariano Rajoy dijo el martes que las regiones acumularon un déficit en 2011 “entre 2,3% y 2,4%” del PIB, es decir más del doble del perseguido (1,3%).

Decidido a tranquilizar a los mercados, en plena crisis de la deuda en la Eurozona, el gobierno anunció recortes presupuestarios de 8.900 millones de euros y un plan contra el fraude fiscal que deberá recuperar cerca de 8.200 millones de euros.