El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, confirmó este jueves que recibió de España una petición formal de extradición de 13 militares locales en retiro, involucrados con la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, ocurrida el 16 de noviembre de 1989.

“En este momento puedo confirmar que recibimos ya la solicitud de extradición y ya la hemos trasladado a la autoridad competente. La hemos trasladado a la Corte Suprema de Justicia por las vías que manda nuestra legislación interna”, subrayó el ministro.

Sin mencionar los nombres de los posibles extraditables, el canciller dijo que se trata de 13 militares “de alto rango”, a los que la justicia española acusa de participar en el múltiple crimen de los sacerdotes jesuitas.

Una vez la Corte salvadoreña tome una decisión, la cancillería la comunicará al ministerio de Asuntos Exteriores de España, que a su vez lo deberá hacer llegar a la Audiencia Nacional de ese país.

En diciembre pasado, el Consejo de Ministros de España acordó pedir a El Salvador y Estados Unidos la extradición de 15 militares salvadoreños por sus presuntos nexos con en el asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras. Trece son los militares solicitados a El Salvador y los dos restantes a Estados Unidos, pues allí se radicaron.

A los uniformados retirados se les imputa los delitos de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad.

En agosto y octubre pasados la Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinó que no procedía la detención de una veintena de militares retirados -entre ellos los 15 que ahora son solicitados- como lo había pedido el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco.

El proceso contra los militares retirados fue abierto en Madrid por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, la mayoría de ellos españoles, y de dos mujeres, cometido en un campus universitario en San Salvador por efectivos del ejército el 16 de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva de la guerrilla izquierdista contra la capital.

El Salvador vivió una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992, que costó la vida de unas 75.000 personas.