Un cable de fibra óptica llegará el martes a Cuba desde Venezuela para multiplicar por 3.000 su capacidad en internet, pero por ahora el acceso de los cubanos a la red seguirá limitado, mientras que el gobierno y los opositores arrecian su “ciberguerra” ideológica.
Jakub Krechowicz en Stock.xchng
Un barco francés arribará a la playa Siboney, en Santiago de Cuba, 870 km al sudeste de La Habana, tras tender desde el pasado 22 de enero 1.600 km de cable submarino desde Camurí, en el norte de Venezuela.
Considerada uno de los proyectos más ambiciosos entre ambos países, aliados incondicionales, el cable permitirá, cuando se active en julio, una conexión de 640 gigabits por segundo, acelerando en 3.000 veces la velocidad de transferencia de datos, para las comunicaciones telefónicas e internet en la isla.
No obstante, el viceministro cubano de Informática, José Luis Perdomo, dijo este lunes que el cable no es una “varita mágica” pues se necesita invertir en infraestructura para abrir en un futuro el acceso indiscriminado de los cubanos a internet.
“No hay ningún obstáculo político”, afirmó, al señalar que no obstante aún continuará el uso “social” de la red, reservado a los centros académicos y a profesionales como médicos y periodistas.
Las autoridades han argumentado que el embargo de Estados Unidos impide a Cuba usar fibras ópticas que pasan cerca de sus costas, por lo que desde 1996 debe usar la vía satelital, altamente costosa.
Pero Washington, opositores y críticos del gobierno comunista lo acusan de limitar el acceso a la red con un objetivo de censura y control de la información.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, Cuba devino escenario en los últimos años de una “guerra en la blogósfera”, entre “ciberdisidentes” y “cibercomunistas”, se acusan en los blogs unos y otros.
En los últimos días circuló extraoficialmente en la red un video de 50 minutos (vimeo.com/19402730) en el que un supuesto experto da una conferencia a oficiales del Ministerio del Interior en la que alerta que Estados Unidos fomenta a la “ciberdisidencia” y el uso de las redes sociales en la isla para promover la insurgencia.
“Se está organizando una red de mercenarios virtuales que no son los contrarrevolucionarios tradicionales”, dijo, al citar de ejemplo a la bloguera Yoani Sánchez, férrea crítica del gobierno desde su twitter y su blog (www.desdecuba.com/generaciony).
Y mencionando a Google, Facebook, YouTube y Twitter entre las preferencias de quienes acceden a la red en la isla, advirtió: “La fórmula, la matemática, la sicología de internet está en los internautas cubanos igualito” que en el resto del mundo.
En la isla, de 11,2 millones de habitantes y sólo 1,6 millones con acceso a la red, según dato oficial, los cubanos tienen servicio de correo en oficinas estatales a 1,8 dólares la hora. Pueden navegar en hoteles que venden tarjetas a 7 dólares la hora, pero esto es prohibitivo con un salario medio mensual de 20 dólares.
Las limitaciones dieron paso a un floreciente mercado negro de internet, donde muchos contratan, a quienes manejan cuentas estatales, el acceso a correo por 10 dólares al mes o 60 por navegación libre.
“Sería lógico que el cable amplíe la velocidad de conexión y abarate el servicio porque no todos los cubanos pueden pagarlo”, dijo a la AFP Yenier García, un constructor de 36 años que hacía cola en un puesto estatal para enviar un correo a un amigo en Suecia.
Pero Sánchez y otros críticos del gobierno lo dudan: “Las fibras de ese cable ya tienen nombre, dueño e ideología”, dijo la filóloga de 35 años, cuyos premios internacionales, como el Ortega y Gasset, son para La Habana parte de una campaña contra Cuba.
En Venezuela, los adversarios del presidente Hugo Chávez, como el diputado Julio Borges, calificaron el proyecto como un “regalo” para el gobierno de Raúl Castro.
Ampliamente promocionado en ambos países, el proyecto, con un costo de 70 millones de dólares, lo realiza una compañía filial de Alcatel-Lucent con sede en China, Shanghai Bell, para Telecomunicaciones Gran Caribe, empresa mixta cubano-venezolana y se extenderá también a Jamaica.
