Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Tres de los 15 detenidos por el "Caso Compin", acusados de delitos económicos que superan los 180 millones de pesos, quedaron en prisión preventiva en Copiapó. Líderes de la agrupación ilícita, dos funcionarios de Compin y un particular, se concertaron para tramitar licencias médicas falsas desde 2019 hasta agosto pasado. La Fiscalía de Atacama obtuvo la medida cautelar, destacando que los imputados son considerados un peligro para la sociedad.
En prisión preventiva quedaron 3 de los 15 detenidos por el “Caso Compin”, donde funcionarios de dicha entidad habrían cometido delitos económicos que superan los 180 millones de pesos.
La audiencia se llevó en el Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia en que el Juez de turno accedió a la solicitud del Ministerio Público, que consideró a los detenidos como un peligro para la seguridad de la sociedad.
La Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de las tres personas investigadas por el millonario fraude, delitos en que intervinieron como líderes de la agrupación ilícita dos funcionarios de este servicio y un particular.
En la audiencia se dio por acreditado que, tal y como lo señaló la Fiscalía durante la formalización, los imputados Alexis Urtulla y Alex Arévalo, ambos funcionarios de la Compin al momento de ocurrir los hechos, además del particular Miguel Véliz, se concertaron para la tramitación de licencias falsas mediante una coordinación que comenzó a operar desde el año 2019 hasta agosto del año pasado.
Caso Compin y licencias médicas
Dada su responsabilidad en los hechos que la Fiscalía investiga junto a la Bridec y Brilac de la PDI, el fiscal de la mencionada unidad investigadora, Luis Miranda Flores, solicitó al Tribunal imponer la medida cautelar de prisión preventiva por considerar a los tres imputados un peligro para la seguridad de la sociedad.
El fiscal agregó que se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, periodo en que la Fiscalía y la PDI desarrollarán diligencias vinculadas con indagar la adquisición de bienes con el dinero defraudado que supera los 180 millones de pesos.
Lo anterior, además de realizar otros levantamientos de información digital frente a las incautaciones realizadas a los imputados por este caso.
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