Este no sería un buen momento para la venta de las sanitarias, puesto que se produciría una fuerte baja en el valor del dólar producto del impacto que provocaría el ingreso al país de los más de mil seiscientos millones de dólares, lo que inundaría el mercado nacional con divisas bajando aún más el tipo de cambio.

Imagen: Wikipedia

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Así lo señaló el senador Eduardo Frei, quien aseguró que si la subasta la gana un inversionista extranjero generaría un impacto muy fuerte en el tipo de cambio.

Agregó que el Gobierno ha utilizado como argumento el costo de la reconstrucción. Sin embargo, aseguró que hay evidencia que el Fisco tiene exceso de fondos, para financiarla, por lo cual no es necesaria esta venta.

Con respecto a quienes se han referido al precio que el senador puso a las sanitarias Frei aseguró que el escenario hoy es distinto y agregó de venderse se debería establecer un nuevo sistema regulatorio.

Esto, puesto que con la venta el Estado perdería parte de la información que posee con respecto a la estructura de costos de las empresas generándose una asimetría de información entre el ente regulador y la empresa regulada, lo que podría hacer subir las tarifas de los usuarios en el largo plazo.

Una visión completamente distinta tiene el director de la carrera de derecho de la Universidad San Sebastián,(sede Puerto Montt) Jorge Martel, quien señaló que se debe tener en cuenta que las empresas sanitarias operan dentro de un sector de la economía que tiene un mercado regulado, ya que al inicio de su operación el socio privado se obliga a cumplir un plan de inversiones y un programa de obras, fijándole el Estado un sistema de control y de sanciones para el caso que no cumpla con ellos.

Dichas tarifas son precios máximos, calculadas aplicando fórmulas tarifarias determinadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios de acuerdo al procedimiento que establece la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios y su reglamento, y pueden ser revisadas cada cinco años para cada concesión.

Por lo tanto, según su visión, la venta de las acciones del Estado no tiene porqué significar dejar todo en manos del privado ya que seguirá siendo un proveedor regulado por la ley en su actividad y tarifas, y vigilada por una superintendencia técnica y no política.