Enrique Accorsi (PPD), Osvaldo Andrade (PS), Jorge Burgos (DC), Fernando Meza (PRSD) y Guillermo Teillier (PC) presentaron un proyecto para que se elimine la norma que sanciona grabaciones y filmaciones en lugares privados con fines informativos. La iniciativa será analizada por la Comisión de Constitución.
Los autores del proyecto sostienen que libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión son elementos fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia, por lo que es necesario derogar el articulo del Código Penal que impide este tipo de acciones de investigación.
El proyecto promueve la investigación a través de la filmación o grabación, sin embargo se aclara que en nuestro país existen prácticas y normas legales que restringen el ejercicio de este derecho. Bajo dicho tenor se encuentra la Ley 19.423 (Ley Otero), promulgada en 1995 y que tiene como objetivo resguardar la privacidad sancionando con prisión y multas a quienes registren sonidos o imágenes en recintos particulares.
En este contexto y a pesar de reconocer el legítimo derecho de cualquier persona a su privacidad, el proyecto estipula que la Ley Otero ha derivado en una violación flagrante al derecho de informar e investigar actos delictivos, atropellos u actos de corrupción.
Dicho cuerpo legal, según los parlamentarios, penaliza la labor periodística de un modo ilegitimo, desproporcionado y antidemocrático. Por ello, sostienen que es necesaria su derogación.
“Casos como las penas que tuvieron que cumplir el equipo periodístico de Chilevisión, que grabó a un juez en su despacho de la Corte, o los que ocurren contra los periodistas que cubren el llamado conflicto mapuche, como la incautación de material audiovisual y expulsión de documentalistas extranjeros, hacen necesaria dicha derogación”, recalcan.
De esta manera, la iniciativa propone derogar el artículo 161 del Código Penal que busca resguardar la privacidad impidiendo este tipo de acciones periodísticas.