Los defensores de los comuneros mapuche imputados por el atentado al fiscal Mario Elgueta en Tirúa, desistirán de recurrir a la Corte Suprema por los testigos protegidos, y en cambio presentarían una reclamación ante la Fiscalía Regional del Bío Bío.
El viernes pasado la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Concepción resolvió que el Ministerio Publico puede presentar los 36 testigos sin rostro o protegidos que pretende utilizar en el juicio contra los mapuches
sindicados como planificadores y autores del atentado que en octubre de 2008 sufrió el fiscal Elgueta y su comitiva policial en el sector Puerto Choque.
La primera intención tanto de los defensores públicos como privados de los comuneros fue recurrir a la Corte Suprema con un eventual recurso de queja, pero tras el análisis mas detenido, la posibilidad mas cierta es una
reclamación ante la Fiscalía Regional del Bío Bío.
Según el defensor privado, Adolfo Montiel, el sustento de esta acción, es que en las fotocopias que les hizo llegar el Ministerio Publico hay un notable desorden, con declaraciones que faltan y otras que se repiten, lo
que infringe la normativa del propio ente persecutor.
En forma paralela, los representantes de los comuneros pedirán al juzgado de Garantía de Cañete que suspenda el procedimiento que desembocara en el juicio oral, por cuanto este desorden de la fiscalía infringe las garantías procesales de los imputados.
