Felipe Guevara enfrenta un día clave: a las 10:00 horas de este martes, comenzará la votación en el Senado que podría terminar en su destitución como intendente de la región Metropolitana.
La decisión será estrecha y las inasistencias de parlamentarios jugarán un rol vital, pues la oposición tiene mayoría, pero algunos se irán de vacaciones lo que podría hacer fracasar la ofensiva legal.
Los cálculos inquietan a ambos sectores, aunque aún no hay claridad sobre el destino del libelo que fue presentado debido a la estrategia de copamiento preventivo que anunció la autoridad regional para los días 20 y 27 de febrero en Plaza Baquedano, donde hubo graves incidentes luego que personal policial se enfrentara a quienes intentaron protestar en el sector.
La Cámara de Diputados declaró admisible el recurso y es ahora el Senado el que deberá dirimir el futuro político de Guevara, quien asumió como intendente a fines de octubre de 2019, luego que debido al estallido social Karla Rubilar fuera nombrada como ministra vocera de Gobierno.
Este lunes, la Cámara Alta escuchó a los miembros de la comisión de diputados que estudió la acusación -conformada por Alejandra Sepúlveda, Diego Ibáñez y Jaime Naranjo– para luego dar paso a los argumentos de la defensa de la autoridad, todo con sus respectivas réplicas.
Los dos primeros parlamentarios venían trabajando juntos desde que fueron sorteados para la comisión revisora del libelo y más tarde se sumó Naranjo, con quien se reunieron periódicamente en el Congreso para dividirse el trabajo.
Hasta este fin de semana los diputados y sus respectivos equipos afinaban los últimos detalles.
La acusación
La primera en argumentar fue la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien expuso sobre la cronología de tiempo en la que se basaron los hechos la acusación. La parlamentaria habló sobre la advertencia de “tolerancia 0” que realizó el intendente durante el 17 de diciembre.
Además, recordó el copamiento preventivo de mil carabineros que se realizó el viernes 20 de diciembre en Plaza Baquedano, día en el que además se registró el atropello de Óscar Pérez mientras se manifestaba.
Luego, comenzó su exposición el diputado socialista, Jaime Naranjo, quien expuso sobre la conceptualización de los efectos del copamiento y las consecuencias que ha tenido en materia de derechos humanos.
El parlamentario mencionó que este copamiento implicó una restricción de los derechos políticos y fundamentales de libertad de expresión, reunión y tránsito. Además aseguró que esta estrategia causó una “mayor violencia y violaciones a derechos humanos, lo cual podría haber previsto y prevenido por parte de la autoridad”.
Finalmente, tomó la palabra el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez quien realizó una conceptualización de las reuniones y la subordinación. Además, explicó lo que significa el procedimiento de la acusación constitucional.
En su inicio, pidió un minuto de silencio por Ariel Moreno, quien murió tras recibir un proyectil en Padre Hurtado. Además, sostuvo que la estrategia de copamiento no es idónea, según la ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego fue el turno de la defensa del intendente por parte del abogado Cristián Muga, quien mencionó que se trata de un juicio político en contra de Guevara y rebatió los argumentos entregados por los tres diputados que están presentes en la sala.
Posteriormente, el otro abogado de Guevara, Rodrigo Ávila, afirmó que la acusación constitucional debe ser desestimada. Explicó que la labor que realizó el intendente fue la coordinación de la recuperación del sector de Plaza Italia para los vecinos.
Asistencia es clave
Pero más allá de las exposiciones, la jornada estuvo marcada por los cálculos. Para aprobarse la acusación se requieren 22 votos y la oposición tiene 23 representantes. Sin embargo, hay varios de vacaciones, por lo que el libelo podría rechazarse.
En efecto, de manera casi segura tres senadores opositores se ausentarán durante esta jornada para emitir su voto político: José Miguel Insulza y Rabindranath Quinteros, ambos del PS; y Felipe Harboe, del PPD.
Si los tres representantes se ausentan, el destino de la acusación está condenada al fracaso, pese a que al interior de la oposición ya aseguraban el apoyo del independiente Carlos Bianchi.
De ahí que los diputados Ibáñez, Sepúlveda y Naranjo tomaran la ofensiva para que al menos uno de sus pares llegue a la votación.
“Les solicito encarecidamente que no coloquen en duda sus convicciones democráticas y que no se conviertan en una vergüenza para la historia del progresismo chileno”, espetó el primero de ellos en relación a aquellos que no asistirán a la instancia.
“Sería un dolor muy grande, una profunda decepción no sólo para mí, sino para la militancia del Partido Socialista”, dijo, en tanto, Naranjo, en relación a sus correligionarios Quinteros e Insulza.
Sin ahondar en los cálculos, la diputada Sepúlveda indicó que “no hago muchas especulaciones, me gusta hablar sobre las realidades y espero que los senadores estén, que argumenten su voto más allá de si votan a favor o en contra”.
Asimismo, apuntó a la defensa del Gobierno, aseverando que “hay una dicotomía, hay dos Chile absolutamente distintos”. Uno que “reconoce las violaciones de los derechos humanos, que es capaz de ver lo que está ocurriendo en las calles, que es capaz de revisar las complicaciones que tenemos en la crisis social más importante” y otro que no.
“En la defensa tuvimos una sensación de que nada de eso se reconoce (…) es un diagnóstico que no corresponde. Invito al Gobierno a reflexionar”, sostuvo.
Tranquilos pero vigilantes
En La Moneda miran con cautela lo que pueda ocurrir. Según indican, los senadores están “preocupados por la calle”, lo que podría motivar a que alguno de ellos finalmente llegue a la votación, algo que es poco probable en los casos ya mencionados.
Precisamente esos cálculos tienen con relativa calma al Gobierno, aunque ven como una posibilidad cierta que el siguiente paso de la oposición sea acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Fue precisamente el secretario de Estado quien acompañó al intendente metropolitano a la sesión de este lunes. A la salida, Blumel dijo que “la acusación carece de fundamentos y en consecuencia confiamos que el Senado resuelva en base a los argumentos”.
“El intendente Guevara no ha cometido ninguna infracción constitucional y esperamos que la acusación no prospere”, sentenció.
