En una maratónica audiencia, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en la región de Magallanes, formalizó a los 18 detenidos que dejó la “Operación Confederación”, el procedimiento de la PDI ejecutado el jueves pasado en Santiago y Magallanes que concluyó con la incautación de sustancia ilícita avaluada en casi dos millones de dólares.
El tribunal ordenó que el líder de la banda fuese enviado a la cárcel y a otro miembro se le impuso el arresto domiciliario nocturno. En cuanto a los otros 16 imputados, aún se discute la prisión preventiva.
Enigmático líder
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la banda está liderada por un ciudadano extranjero que fue expulsado en febrero del 2014 del país por violar a una menor de 14 años en Colombia.
El individuo volvió a ingresar al territorio nacional con un pasaporte boliviano con la identidad falsa. A través del cruce de información, la PDI identificó que se dedicaba al tráfico de drogas en Chile junto a otras dos personas desde el 2017.
Según el fiscal Manuel Soto, el trío lideró una banda que “se ha dedicado a la fabricación, tenencia, venta, guarda, cultivo y acopio de drogas, particularmente de cocaína, marihuana y éxtasis”.
La organización contaba con dos laboratorios clandestinos para manufacturar el éxtasis. Uno de ellos se ubicaba en el sector Villa Generosa, mientras que el otro estaba en Santiago. Ingresaban sustancias químicas que sirven para fabricar la droga a través de “Cono Sur”, una empresa de transportes donde el líder figura como socio.
Los imputados también se dedicaban a abultar cocaína añadiendo otros componentes. En cuanto a la marihuana, ingresaban a la región cannabis tipo kreepy o se distribuía la cosecha cultivada en Punta Arenas.
En el allanamiento de 22 domicilios el jueves pasado la PDI incautó casi 14.000 comprimidos de éxtasis, 46 kilos de marihuana a granel, seis kilos de cocaína y más de 100 plantas del género cannabis sativa.
Armas para “brindarse protección”
No solo se encontraron drogas en las viviendas. Los funcionarios decomisaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38. También se descubrieron 240 cartuchos sin percutar, un chaleco antibalas y una bengala.
El fiscal Soto indicó que “con el objeto de brindarse protección, la agrupación adquirió diversas armas de fuego, estando algunas inscritas. Mantenían casas de seguridad, circuitos cerrados de cámara de vigilancia y acopio de sustancias ilícitas”.
Por ello el Ministerio Público formalizó a cuatro imputados –incluyendo al líder de la banda– por tenencia ilegal de armas. A un quinto individuo le formularon cargo por porte de municiones.
Empresas pantalla
Según la Fiscalía, 10 miembros de la organización se dedicaron a lavar el dinero ganado a través del tráfico de drogas. “Realizaron una serie de operaciones que les permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita, logrando introducirlo al sistema económico-financiero”, precisó el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson.
Uno de ellos compró ocho vehículos en 108 millones de pesos con dinero en efectivo. Otro utilizaba como testaferro a su pareja para blanquear el dinero en automóviles.
Por otra parte, el líder de la banda habría conformado empresas de pantalla para incorporar el dinero ilícito. Una de ellas fue una empresa de transportes que constituyó junto a su pareja. Solo entre julio y agosto invirtió 60 millones de pesos para comprar dos camiones con semirremolque.
El domicilio de esa sociedad se ubicaba en la calle Covadonga de Punta Arenas. En el allanamiento la PDI encontró dos sistemas de cultivo tipo indoor con cerca de 70 plantas de cannabis.
Según el fiscal Dobson, “estos hechos configuran conductas típicas del lavado de activos, como son la utilización de testaferros y empresas de pantalla”.
