Desarticular la estructura chavista será una tarea titánica, pues el aparato del narcoestado ha penetrado profundamente en todas las instituciones.

La reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la extracción de Nicolás Maduro para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tiene efectos irreversibles en el orden interno e internacional.

El escenario se torna complejo con las declaraciones del presidente Trump sobre el control de sectores estratégicos de la economía y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como figura clave para colaborar en la transición.

Washington sostiene que actuó para ejecutar una acción judicial interna vinculada al narcotráfico. Es innegable que la mutación de Venezuela -convertida en una nación empobrecida y en un narcoestado-, se transformó en un problema de seguridad hemisférica.

A esto se suma la crisis humanitaria provocada por Maduro: la persecución sistemática de la oposición, el colapso económico y la destrucción del estado de derecho, factores que forzaron el éxodo de ocho millones de ciudadanos.

Esto generó una presión inédita sobre las naciones receptoras, entre ellas Chile, frente a lo cual el régimen de Maduro no solo evadió responsabilidad, sino que agudizó el conflicto.

A la expulsión del embajador y de los cónsules en Caracas y Puerto Ordaz, se agregó el cierre de la embajada venezolana en Santiago dejándose de prestar todo tipo de atención y asistencia consular a cerca de 700.00 venezolanos en Chile, lo que constituyó una vulneración directa a los derechos humanos de los migrantes que quedaron en la indefensión, sin pasaportes, sin la posibilidad de viajar y de llevar adelante una vida digna con su documentación al día.

Desarticular la estructura chavista será una tarea titánica, pues el aparato del narcoestado ha penetrado profundamente en todas las instituciones.

El objetivo final -y dentro de un plazo razonable- debe ser la convocatoria a elecciones libres, dado que el esquema actual debe ser transitorio. Sin embargo, devolver al país las garantías democráticas y la estabilidad no será un proceso fácil. Lo inmediato, la liberación de los presos políticos y la absoluta libertad de prensa hoy sometida al chavismo.

Asimismo, el sistema electoral requiere una reingeniería total, comenzando por su cúpula, autora del fraude de julio de 2025. Es imperativo conformar un nuevo padrón que garantice el voto en el exterior y legalizar a los partidos políticos para renovar un parlamento hoy deslegitimado.

Para Chile, la normalización de las relaciones consulares y diplomáticas es una prioridad. Solo mediante un canal institucional sólido se podrá gestionar un retorno seguro, voluntario y ordenado de los venezolanos a su patria.

En este proceso Venezuela puede mirar hacia el Cono Sur. La transición chilena destacó como un referente de eficiencia y transparencia, demostrando que es posible evolucionar hacia una democracia robusta que impulse el desarrollo económico y la prosperidad del pueblo venezolano.

Adolfo Carafí
Embajador (R)
Investigador del Instituto Libertad

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