La provincia argentina de Mendoza avanza con una medida inédita para combatir el bullying (acoso escolar), una de las problemáticas más repetidas en los últimos años y aun con difícil resolución. Se trata de una reforma al Código de Contravenciones para imponer sanciones económicas a los padres, madres y tutores de los menores que hostiguen a otros compañeros en los colegios.
El proyecto de ley, que debe someterse al debate en el Poder Legislativo previo a su aprobación, plantea multas de hasta AR$ 2.100.000 (unos 1,3 millones de pesos chilenos) y un máximo de 50 días de trabajo comunitario para los adultos responsables y/o tutores que no intervengan, acompañen ni corrijan las conductas violentas de los chicos a su cargo.
El espíritu del texto, según explicaron desde el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, es involucrar activamente a las familias en la prevención, abordaje y reparación del acoso escolar, y no limitar la responsabilidad a la escuela. De hecho, es común oír a padres y madres que cargan directamente contra los docentes.
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío. Necesitamos familias presentes y corresponsables”, declaró el ministro mendocino Tadeo García Zalazar, impulsor del proyecto.
El caso de la niña que disparó en su escuela y se atrincheró cinco horas
El cambio en Mendoza irrumpe tras el grave incidente ocurrido el 10 de septiembre pasado en la escuela Marcelino Blanco, localidad de La Paz. Fue cuando una adolescente de 14 años ingresó a su colegio con un arma de fuego, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante cinco horas hasta que la Policía pudo contenerla. La niña recibió tratamiento psicopedagógico y pasó dos semanas internada en un hospital pediátrico hasta recibir el alta.
Si bien persisten versiones en la comunidad local sobre episodios de bullying y hasta de grooming (engaño pederasta) que habría sufrido la joven, desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza las descartaron y recordaron que existe una prohibición vigente de publicar información, datos o cualquier foto que afecte a la integridad y privacidad de la menor.
Igualmente, el episodio de la adolescente atrincherada con una pistola -postal impensada en Argentina en otros tiempos- reabrió el debate sobre la violencia en las aulas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de contención y acompañamiento.
No sólo castigar: también enseñar
El Gobierno provincial decidió acelerar la redacción de una norma que combine sanción y pedagogía: castigar a los adultos que no asuman su rol, pero también ofrecerles instancias de aprendizaje.
Es que, además de la multa millonaria, la norma prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad obligatorios para los adultos responsables de los alumnos involucrados en casos de acoso, con el fin de promover la reflexión y la educación emocional, desactivar patrones de agresión y evitar la reincidencia.
Desde el Gobierno provincial recalcaron que el objetivo no es punitivo, sino restaurativo, con foco en el aprendizaje colectivo y la reconstrucción del vínculo escolar.
En ese marco, la Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó recientemente, a través de la resolución N° 5879/2025 del Boletín Oficial del miércoles pasado, un nuevo Protocolo de Actuación para los casos de acoso escolar. Allí se detalla cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante cada situación, desde la detección temprana hasta la comunicación con las familias y el seguimiento posterior.
Los registros oficiales de Mendoza muestran que, en lo que va del 2025, se recibieron más de 200 llamados a través de la línea de ayuda 148 y del formulario digital dispuesto por la DGE para denunciar episodios de acoso. La mayoría de los casos afectan a chicos de primaria (nivel básico) y los primeros años de secundaria (medio).
A este escenario se suma una preocupante tendencia en salud mental: el aumento de casos de ansiedad, depresión y conflictos de convivencia entre adolescentes, un fenómeno que los especialistas suelen vincular al aislamiento durante la pandemia de Covid-19, cuando las clases se desarrollaron mayormente a distancia (virtualidad) entre 2020 y 2021.
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