Enviando corrección, espere un momento...
Introducir un tipo penal que elimina el dolo y agrava las penas en violencia de género envía una señal inequívoca: denunciar sin lograr probar puede tener como consecuencia la cárcel.
Esta semana, los diputados Cristóbal Urruticoechea y Johannes Kaiser presentaron un proyecto de ley que contó con la vocería del actor Cristián Campos. Su objetivo es reforzar la presunción de inocencia frente a denuncias falsas, particularmente en contextos de violencia de género y delitos sexuales. El problema no está en ese objetivo declarado, sino en el modo en que se pretende alcanzar.
No se trata de un ajuste técnico, sino de un cambio profundo en las reglas básicas del derecho penal, con efectos potencialmente graves para el acceso a la justicia.
Chile ya cuenta con una norma que sanciona las denuncias falsas. El artículo 211 del Código Penal castiga a quien imputa falsamente un delito con conocimiento de su falsedad. Ese elemento —el dolo— no es un tecnicismo: es una garantía estructural que permite distinguir entre la mentira deliberada y una denuncia que no logra acreditarse en juicio. El derecho penal chileno castiga la mentira dolosa, no el error, la duda probatoria ni el fracaso procesal.
El proyecto en discusión desdibuja peligrosamente esa frontera. Al prescindir del dolo, desplaza el foco desde la intención de mentir hacia el resultado del proceso. En la práctica, abre la puerta a sancionar denuncias que terminan, sobreseídas o sin condena, aún cuando no exista ninguna prueba de que quien denunció haya mentido deliberadamente.
Esto no es una discusión teórica. En el caso del actor Cristián Campos, la investigación penal terminó por prescripción. No hubo sentencia que estableciera la falsedad de la denuncia ni que acreditara una mentira deliberada. Sin embargo, bajo el diseño del proyecto, quien hizo esta denuncia podría enfrentar hasta cinco años de cárcel, pese a que no exista prueba alguna de que los hechos sean falsos.
Se está confundiendo el cierre de una causa por razones procesales con una denuncia falsa, y esa confusión trasladada al derecho penal es de una gravedad extrema.
Desde la dogmática penal, esto implica un retroceso relevante: se debilita el principio de culpabilidad y se introduce, de manera encubierta, una lógica de responsabilidad objetiva. Ya no se castiga la mentira dolosa, sino el riesgo de denunciar sin éxito.
El proyecto además agrava la sanción cuando la denuncia se produce en contextos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales o materias de familia. Es decir, justamente donde las denunciantes son mayoritariamente mujeres y donde la prueba es especialmente difícil de producir.
Este diseño debe analizarse a la luz de la realidad social y criminológica. La violencia sexual y la violencia doméstica ocurren, por lo general, en espacios privados, en relaciones marcadas por asimetrías de poder y dependencia económica. Son delitos que rara vez dejan pruebas directas y cuya acreditación depende muchas veces del relato de la víctima.
Las cifras permiten dimensionar el impacto de este diseño. Según estudios del Banco Mundial, solo un 22% de las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja presenta una denuncia. Estudios de la Universidad Mayor muestran que el 69% de las víctimas de femicidio en Chile nunca había denunciado violencia previamente. A esto se suma un factor estructural: la dependencia económica. Según la OCDE, solo alrededor del 53% de las mujeres participa en el empleo remunerado.
Hace algunas semanas presenté un proyecto de ley llamado Inocentes, sosteniendo que una de las peores situaciones que puede enfrentar una persona es estar privado de libertad siendo inocente. Lo sigo creyendo. Pero esta discusión obliga a reconocer algo aún más grave: ser víctima de un delito sexual y enfrentar la cárcel no por haber mentido, sino por no haber podido probarlo.
Introducir un tipo penal que elimina el dolo y agrava las penas en violencia de género envía una señal inequívoca: denunciar sin lograr probar puede tener como consecuencia la cárcel. Frente a ese mensaje, el silencio deja de ser solo cultural o emocional y se convierte en una estrategia de supervivencia. Un sistema penal que desincentiva la denuncia no fortalece la presunción de inocencia: fortalece la impunidad.
