En materia internacional, la voluntad del próximo gobierno debería expresarse en un cambio de enfoque para identificar nuevos desafíos y prioridades de política exterior. Para comenzar, una revisión del estado financiero y de la estructura actual del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No sorprende que los presidentes de Colombia y Venezuela (un exguerrillero del M-19 y un apparatchik chavista/castrista) se apresuraran a “condenar” la elección de José Antonio Kast dedicándole insultos e, incluso, amenazas (la “no intervención” en acepción “progresista”).

Simultáneamente, medios internacionales de la misma orientación, incluidas agencias estatales con “corresponsales” de esa “sensibilidad” (BBC, RTVE, etc.), insistieron en tildar al presidente electo de “ultraderechista” y “ultraconservador” y, aunque no se le conoce vínculo con el presidente norteamericano, también de “político pro-Trump” (no obstante que después Donald Trump confirmó no conocer a Kast, de quien sí “había escuchado que era buena persona”).

Lo que se adivina detrás de los epítetos de los aliados del “progresismo” chileno es miedo escénico por las implicancias materiales del rotundo triunfo de un político de intelecto, que encarna el rechazo a la “agenda woke” por sus efectos perniciosos sobre la seguridad de las personas, el crecimiento económico, la creación de empleos y el derecho de las comunidades locales a disponer de sus propios territorios.

Las reacciones anotadas ilustran cómo, en el frente externo, el próximo gobierno encontrará aversión “cultural” y “emocional” de políticos, “outlets de noticias” y otros grupos de poder solidariamente responsables de la general sensación de decadencia imperante.

Frente a ello, y tal como quedó mensurada en el “rechazo” del “plebiscito de salida” y la elección presidencial de 14 de diciembre, la gran mayoría de los chilenos “siente” que llegó la hora de superar años de “apaciguamiento” con fuerzas dedicadas -literalmente- a la desconstrucción del país.

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Nuestra memoria de corto plazo no debe olvidar que, aunque en la última campaña el “progresismo” -literalmente- “escondió” sus banderas del PC, “minorías indígenas”, “orgullo gay” y otras menos conocidas, volviendo al pabellón nacional (que antes insistió en profanar), aun así el pueblo chileno votó por “el cambio”.

En el ámbito internacional lo anterior exige una voluntad política distinta a los gobiernos de “centroderecha” de Sebastián Piñera. Este es un “hecho de la causa”. Ignorarlo no beneficiaría al gobierno que asumirá en marzo.

Asumido este hecho, en materia internacional, la voluntad del próximo gobierno debería expresarse en un cambio de enfoque para identificar nuevos desafíos y prioridades de política exterior.

Para comenzar, una revisión (con auditoría externa) del estado financiero y de la estructura actual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quienes conocemos ese servicio público sabemos que este “admite mejoras”, tanto en su superestructura (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ProChile, DIFROL, INACH y AGCI incluidos), como en la conformación de su personal (especialmente su estamento diplomático).

Funcionarios de mérito

Creer que el cambio en esta dimensión del Estado “no es prioritario” constituye un “error tipo 1”. Si el gobierno electo aspira a una eficaz inserción internacional, “el cambio” en la Cancillería es impostergable.

Comenzando por los puestos de principal responsabilidad, el gobierno electo debería cerciorarse de que dicho ministerio será conducido por personas reconocidamente capacitadas que -y esto es de vital importancia- asegurarán la lealtad y obediencia que la Constitución y la ley exigen respecto de la autoridad del Presidente de la República y de su Canciller.

Asimismo, entender que -en diplomacia- asumir un alto cargo para “aprender desde cero” es extremadamente caro. No es necesario insistir en el error de otros gobiernos.

Luego, que tampoco es imprescindible recurrir a “expertos independientes” o “funcionarios en retiro”, ni menos a “históricos funcionarios-operadores políticos”, corresponsables de la decadencia de nuestra diplomacia profesional.

Entre el personal diplomático en servicio activo el Presidente electo encontrará “otros funcionarios” que, especialmente desde las Subsecretarías, pueden asegurar disciplina y coherencia a nuestra acción exterior y a los objetivos de su gobierno.

Dichos funcionarios conocen condiciones y prioridades para una política exterior austera y realista, lejos de burocracias innecesarias o “iniciativas” rimbombantes y costosas para el erario, irrelevantes para el interés permanente del país, y desconectadas de las verdaderas necesidades de la gente.

En concreto, para evitar insistir en una “política de prestigio”, vacía de contenidos, financieramente cara, que aleja a nuestra diplomacia de los problemas verdaderamente importantes para el interés nacional.

En este plano, los “funcionarios con mérito” que refiero podrán explicar al presidente electo y a su equipo por qué no es conveniente insistir en las candidaturas “Bachelet a la ONU” o “Valparaíso sede de la Convención de Alta Mar”; tampoco perseverar en la demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Se trata de tres asuntos (entre muchos) esenciales para la “agenda woke”, pero no para el Chile que eligió a José Antonio Kast.

Las prioridades y urgencias son otras

Por ejemplo, aportes de la Cancillería a una política migratoria y de seguridad con los países vecinos, además de su contribución al ahorro fiscal a través de la racionalización de aportes a organismos internacionales, ONGs y “oficinas de abogados internacionalistas”. También, vía una reducción del número de embajadores y embajadas, y una racionalización de los escalafones de funcionarios.

En el ámbito global, funcionarios de carrera con mérito reconocido podrán argumentarle por qué “no estamos obligados” a tomar partido en la disputa estratégica entre China y Estados Unidos. Esto es de fundamental importancia establecerlo desde el comienzo.

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En cambio, por qué sí debe preocuparnos la creciente “militarización” de la Cuenca del Pacífico. En este plano el socio obvio y necesario es Perú, pues Chile debería sumar voluntades para “convocar y distender” en una gigantesca región de esencial importancia para nuestra propia seguridad y bienestar.

Otro desafío estructural subsiste en las relaciones con Argentina. A partir de marzo tendremos una “ventana de oportunidad” para desarrollar una relación con objetivos de largo plazo, para lo cual, paralelamente, es preciso resolver los problemas limítrofes pendientes (Campo de Hielo Sur y plataforma continental magallánico-antártica).

Despejados esos asuntos, Chile y Argentina deberían consolidar una “sociedad de intereses” que, no solo en lo económico, sino en lo estratégico en lo que resta del siglo debe resultar trascendente para ambos. Habrá cuatro años para intentarlo.