Después de semanas de versiones cruzadas, ruido sindical y especulaciones políticas, el gobierno de Javier Milei envió finalmente al Congreso de Argentina el proyecto con las bases de la reforma laboral que busca convertir en ley a comienzos de 2026.
El texto condensa uno de los núcleos más sensibles del programa libertario: bajar el costo laboral en indemnizaciones por despido, redefinir el poder de negociación sindical y limitar el alcance de la protesta, que pone en juego el funcionamiento del país.
Esta semana, por ejemplo, dos paros aeronáuticos provocaron demoras en vuelos de todo el país. No sorprende, entonces, que la iniciativa haya encendido una resistencia frontal del peronismo y de buena parte del arco gremial.
La propuesta de “modernización laboral” plantea una reconfiguración profunda de las reglas de juego del mercado de trabajo.
Los gremios más combativos ya salieron a la calle y concretaron una primera movilización el jueves pasado, aunque con una convocatoria bastante menor a la de otras épocas, una postal que también habla del nuevo clima social en el país trasandino.
Del fondo de cese de empleo al fin de “la industria del juicio laboral”
El andamiaje técnico de la reforma de Milei surge del Consejo de Mayo, un órgano consultivo que desde mediados de 2024 integraron representantes del Ejecutivo Nacional, las provincias, legisladores, algunas cámaras empresarias y sectores sindicales.
El diagnóstico de partida es explícito: la mayoría de los convenios colectivos vigentes datan de la década de 1970 y quedó desfasada frente a la estructura productiva actual.
De esta manera, por ejemplo, el proyecto libertario impulsa la renegociación integral de esos acuerdos y propone eliminar la llamada ultraactividad, es decir, la renovación automática e indefinida de los convenios una vez vencidos.
En la misma línea, va a revertir la primacía de los convenios nacionales por sobre los acuerdos locales o por empresa.
La lógica oficial apunta a que las reglas laborales se adapten a realidades productivas específicas.
Para los sindicatos, en cambio, esta modificación implica una fragmentación de la negociación colectiva que debilita su poder, reduce su capacidad de presión y erosiona una de sus principales fuentes de ingresos.
Un capítulo central que siembra polémica es el de las indemnizaciones. El Gobierno plantea “aliviar la carga fiscal” sobre empleadores y empresas redefiniendo la base de cálculo ante un despido sin causa.
El proyecto excluye del monto indemnizatorio conceptos que no se perciben todos los meses, como el aguinaldo, las vacaciones y otros beneficios no habituales.
Además, fija un nuevo criterio de actualización judicial: inflación más un adicional del 3% anual, quitando discrecionalidad a los jueces. Los pagos, a su vez, pueden realizarse en hasta 12 cuotas mensuales.
El oficialismo justifica estos cambios en la necesidad de frenar lo que en Argentina se conoce hace tiempo como “industria del juicio”, un fenómeno que, según el sector empresario y las aseguradoras, castiga especialmente a las pymes.
Para 2025, las demandas por riesgos del trabajo proyectan un récord histórico, por encima incluso del pico de 2017. El costo estimado alcanza los 2,3 billones de pesos.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo contabilizó 122.875 juicios iniciados hasta noviembre y proyecta cerrar el año con unas 132.000 demandas, contra las 130.679 registradas hace ocho años.
La resistencia peronista: peligra la caja social con un fondo impulsado por Milei
En el proyecto aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más discutidos del proyecto de reforma laboral. El FAL permite que los empleadores destinen el 3% del salario de cada trabajador a una cuenta de inversión que funcione como respaldo para el pago de futuras indemnizaciones.
La idea es que, en caso de ser aprobada la normativa, sea optativo y conviva con el régimen actual. El peronismo cuestiona el su impacto indirecto sobre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la caja de los planes sociales y las jubilaciones, ya que implicaría una porción de recursos que dejarían de ingresar al sistema previsional.
Respecto a la organización del tiempo de trabajo, la propuesta habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos mínimos de siete días, permitiendo tomarlas en distintos momentos del año y no exclusivamente en verano.
Se mantiene, de todos modos, la obligación de garantizar al menos unas vacaciones en época estival cada tres años en esquemas de vacaciones rotativas.
Otro punto sensible de la reforma laboral es el llamado “banco de horas”, que permite acumular horas extra para compensarlas luego con días libres o jornadas reducidas.
La ley actual en Argentina obliga a pagar esas horas con recargos del 50% o del 100%, según el caso. El proyecto no elimina ese derecho, pero incorpora una alternativa que genera rechazo sindical.
En paralelo, se habilita la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas diarias por acuerdo entre empresas y gremios, con la condición de que los excesos sean compensados.
Moderar la protesta social y asegurar los servicios esenciales
Para contener los resabios de conflictividad social, el texto amplía de manera sustancial el listado de servicios esenciales que deben garantizar al menos el 75% de su funcionamiento durante una huelga.
A los sectores ya contemplados por la ley se suman telecomunicaciones, aeronáutica comercial, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y la educación en todos sus niveles, salvo el universitario. Sin ir más lejos, el lunes y jueves últimos hubo dos paros de controladores aéreos que obligaron a reprogramar los vuelos de más de 24.000 pasajeros en todo el país.
Otra es la categoría de servicios de “importancia trascendental”, que deben sostener un piso del 50% de actividad e incluyen desde transporte, bancos y agro hasta hotelería, gastronomía, comercio electrónico e industrias clave.
Un país que está “en negro”: los cambios planteados para más trabajo formal
En una Argentina en la que cerca de la mitad de los trabajadores se desempeña en la informalidad, el proyecto incorpora un régimen de incentivos para promover el empleo en blanco, de acuerdo a la visión del Ejecutivo.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el trabajo “en negro” alcanzaba al 43,2% del total de puestos en el segundo trimestre de 2025.
De seguir con la reforma, durante un año, las empresas que contraten personas desempleadas, monotributistas o exempleados públicos y amplíen su plantilla acceden a descuentos en las contribuciones patronales por un período de hasta cuatro años.
El cierre del paquete de cambios llega por el lado impositivo. Si la ley se aprueba con la eliminación de ocho tributos nacionales, se reduciría el total de impuestos vigentes de 155 a 147, según indicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Tal como ya publicó en detalle BioBioChile, los argentinos pagan más de 50 impuestos cada año.
Entre los gravámenes que dejarían de existir figuran los impuestos a las entradas de cine (10% que va al Fondo de Fomento Cinematográfico), a los videogramas grabados, a los servicios de comunicación audiovisual, a los objetos suntuarios, a vehículos y embarcaciones, a seguros y a la telefonía celular y satelital.
Freno a la reforma de Milei: se postergó su debate a febrero de 2026
Pese al apuro libertario, el tratamiento legislativo quedó esta semana en pausa. Para obtener dictamen, el Gobierno postergó el debate en el Senado para el 10 de febrero, a través de una convocatoria a sesiones extraordinarias, y no logró sancionar la ley antes del cierre de 2025 como tanto quería el Gobierno.
El clima político se tensó en los últimos días tras la conformación de comisiones y la relación con los bloques dialoguistas quedó más frágil. Desde la oposición cuestionan la falta de precisión técnica del FAL, el impacto fiscal sobre la Anses y la acumulación de derogaciones legales que, sostienen, merecen un debate separado.
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