La Contraloría General de la República (CGR) resolvió tomar razón de la Resolución N°161 de 2025 de Corfo, que aprueba el texto refundido y actualizado del contrato de proyecto entre SQM Salar SpA y Minera Tarar SpA, pero lo hizo acompañando la validación formal del acto administrativo con una batería de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio.
El documento, fechado el 19 de diciembre de 2025, deja constancia expresa de que esta toma de razón no es una aprobación política ni de mérito, sino una revisión estricta de legalidad. La CGR subraya que su intervención se produce “por orden de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspecto de mérito”, razón por la cual se abstuvo de pronunciarse sobre múltiples reclamaciones de fondo, pero activó control posterior e instrucciones preventivas.
Técnicamente, la CGR tuvo poco espacio en este proceso, ya que desde un inicio, como casi una técnica procesal, los estudios jurídicos relacionados fueron presentando recursos, especialmente en la Corte de Antofagasta, que llevaron a “resolver” en esa instancia buena parte del proceso.
El marco estratégico
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la Estrategia Nacional del Litio (ENL). La Contraloría recuerda que dicha estrategia no es una norma jurídica obligatoria, sino “un instrumento de planificación del Ejecutivo”, que no puede alterar el marco constitucional ni legal vigente.
En ese contexto, el órgano contralor enfatiza que la explotación del litio se desarrolla bajo el artículo 19 N°21 de la Constitución, que permite la actividad empresarial del Estado solo cuando existe autorización legal expresa. En el caso de Codelco, esa autorización proviene de su ley orgánica y de su calidad de empresa estatal minera.
La CGR es categórica al señalar que la asociación público-privada no puede diluir el rol estatal ni el control público, aun cuando se estructure mediante sociedades de derecho privado.
Participación de Codelco y control efectivo
Uno de los pasajes más relevantes del documento aborda la participación accionaria de Codelco en la nueva sociedad que explotará el litio. La Contraloría establece que Codelco debe mantener una participación superior al 50%, no solo formalmente, sino también en términos de control efectivo.
El texto señala que: “La Contraloría General observa que el contravenir la fundamentación contenida en los mismos considerandos del acto en estudio, por cuanto solo objetiva participación del accionista de la ENL, a través de la participación del Estado en la alianza público-privada”.
Esto implica que cualquier modificación futura que altere ese control mayoritario deberá ser aprobada previamente por el Consejo de Corfo y sometida a control de legalidad, descartando maniobras indirectas que diluyan la posición estatal.
Fiscalización: límites y advertencias
La CGR dedica un extenso apartado a precisar hasta dónde puede y no puede llegar el control administrativo. Si bien aclara que no puede pronunciarse sobre decisiones de mérito económico, sí establece que las empresas del Estado y las sociedades en que participa quedan sujetas a fiscalización integral.
El documento recuerda que: “Las empresas en que el Estado tenga participación mayoritaria quedan sujetas a fiscalización de la Contraloría General, en cuanto al cumplimiento de las normas de derecho público aplicables”.
Asimismo, se reafirma que la Contraloría no puede intervenir en arbitrajes en curso ni en decisiones ya judicializadas, pero sí auditar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos, aportes fiscales y cumplimiento de obligaciones legales.
Aportes, gobiernos regionales y municipalidades
Otro punto sensible abordado por el órgano contralor es el destino de los aportes comprometidos a gobiernos regionales y municipalidades de la región de Antofagasta. La CGR advierte que dichos recursos no quedan liberados del control administrativo, y que su ejecución debe ajustarse a los principios de probidad, eficiencia y legalidad.
Se precisa que: “Lo anterior no afecta la validez de los acuerdos ya perfeccionados y cuyos efectos se extinguieron en el tiempo, si los aportes recibidos habían sido destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la respectiva comunidad”.
Correcciones contractuales
La toma de razón también consigna errores, inconsistencias y ajustes técnicos en anexos, cláusulas transitorias, definiciones territoriales y referencias cartográficas del contrato, los que debieron ser subsanados para permitir la tramitación.
Entre ellos, se corrigieron:
– Inconsistencias en la cantidad de pertenencias mineras OMA.
– Errores en gráficos cartográficos.
– Definiciones imprecisas sobre el “anillo de protección”.
– Ambigüedades en cláusulas de multas e indemnizaciones.
La CGR advierte que estas correcciones no son menores, ya que impactan directamente en el alcance territorial y jurídico del proyecto.
Un precedente histórico
El documento concluye con una orden expresa: Corfo deberá informar antes del 31 de diciembre de 2025 sobre el cumplimiento de todos los alcances e instrucciones impartidas.
En términos institucionales, la resolución marca un precedente histórico. No solo por tratarse de un contrato estratégico ligado al litio —recurso clave para la transición energética y la geopolítica global—, sino porque la Contraloría utiliza una herramienta excepcional: tomar razón condicionando, instruyendo y delimitando el accionar futuro del Estado y sus empresas.
No es una aprobación sin reservas. Es un acto de control con advertencia. Y, por segunda vez en su historia, la Contraloría deja por escrito que, incluso en los negocios más estratégicos, el Estado no puede salirse de la ley.
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